Piden que se quite el decreto de Parque Nacional a Bosencheve

Zitácuaro. – A pesar de que el Parque Nacional Bosencheve es un área natural protegida, las autoridades forestales se han olvidado de los planes de cuidado que este debe tener y hacen “oídos sordos” al problema que actualmente sufre este ecosistema. Por si fuera poco, los ejidatarios se ven seriamente afectados por el estatus que actualmente mantiene la zona ecológica.
Ante esta situación, los dueños de los predios que ocupa el Parque Nacional exigen a las autoridades que se revise esta categoría y se derogue el decreto; para que, lo que aún queda de la zona arbolada pueda ser aprovechada con un manejo o programa ambiental adecuado, ya que los árboles que se encuentran en el lugar llegaron a su tiempo de vida productiva, poniendo en riesgo el ecosistema. Además de que ya mucha de esta área es utilizada para uso agrícola.
El territorio que abarca dos estados y tres municipios, tuvo inicialmente una extensión de 15 mil hectáreas arboladas y fue decretada como zona natural protegida el 16 de junio de 1940, por el entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas del Rio, quien tomó en consideración la conservación permanente de los bosques que cubren los terrenos accidentados de la región de Bosencheve, dado su importante papel en la regulación del régimen hidráulico de esa zona. Además del importante atractivo turístico que podría generar.
A 79 años de este mandato, el Parque Nacional ha sufrido demasiados cambios y ha pasado de mano en mano de las autoridades federales forestales y de cuidado de medio ambiente para su preservación. La atención de esta zona ecológica queda sólo en el papel, ya que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), es la encargada en este momento de preservar la zona, pero no ha tomado las medidas necesarias para que la franja sea reforestada por medio de programas integrales de manejo profesional.
Desde su creación, en 1949, quien estuvo a cargo del cuidado y administración del Parque Nacional, fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), misma que en el año 1983 pasó la estafeta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para que se hiciera cargo de mantener en óptimas condiciones la demarcación. De ahí en adelante han sido varias las dependencias que han tenido la obligación del cuidado y administración, pero ninguna, al menos hasta el momento, ha dado solución a los problemas que aquejan al ecosistema y que cada vez son peores.
De las 15 mil hectáreas con que cuenta el Parque Nacional Bosencheve, más de la tercera parte ya no realiza la función para la que fue protegida y actualmente están deforestadas o son utilizadas como terrenos agrícolas por los mismos ejidatarios, que no ven ningún beneficio para sus tierras, debido al gravamen que tienen sus predios. Son solo poco más de3 mil hectáreas las que siguen teniendo árboles de diferentes especies. Árboles que debido al tiempo de vida ya se encuentran plagados y otros ya cumplieron con el periodo de vida.
Decenas de ejidatarios exigen a las autoridades ambientales que reconsideren el tema, para que le quiten el estatus de “Parque Nacional Bosencheve” y se cambie la categoría, de manera que se pueda favorecer el incremento de la productividad forestal, por medio de programas ambientales y así se puedan aprovechar plantaciones forestales.
Durante los casi 20 años que la CONANP lleva al frente del cuidado de las áreas naturales protegidas, no han hecho un programa adecuado, que permita beneficiar a la tierra y a sus dueños. Pero no es la primera vez que los ejidatarios denuncian abusos y corrupción por parte de la CONANP, en estados como Sonora han surgido denuncias en contra de esta dependencia federal, a la que acusan de obstaculizar trabajos en beneficio del medio ambiente.
Ejidatarios y comuneros acusan que el problema con esta dependencia, es que desde su titular hasta los subordinados no conocen el lugar, ya que nunca se han parado en el terreno para saber las condiciones en las que se encuentra, contradiciendo lo que la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas comulga, al asegurar que en la CONANP trabajas por conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos en Áreas Naturales Protegidas (ANP), conjuntando las metas de conservación con las del bienestar de los pobladores y usuarios de las mismas.
“Durante más de 17 años hemos impulsado y fortalecido múltiples iniciativas para la conservación y el manejo sustentable de nuestra biodiversidad. Es a partir de este aprendizaje que nos hemos dado a la tarea de estructurar una estrategia de largo plazo, que será el marco de planeación institucional que oriente nuestras acciones en el corto y mediano plazo, tendientes a fortalecer y consolidar la institución y su importante tarea en beneficio de México”, publican en su página oficial.
Para los dueños de los predios que conforman el Parque Nacional Bosencheve esto no es más que una mentira, aseguran. Ya que el paraje ha sido devastado en todo lo largo y ancho de su territorio, beneficiando sólo a algunos poderos que tienen la posibilidad de “meterle la mano” a la franja protegida.
Caso concreto, la reciente construcción de la autopista Toluca-Zitácuaro, ramal Valle de Bravo, la cual tuvo una construcción de unos 65 kilómetros que cruzaron por el Parque y del que se dice, comenzaron los trabajos sin contar con los permisos correspondientes, ya que el concesionario es un familiar allegado al ex presidente Enrique Peña Nieto.
De hecho, en su dictamen técnico, la empresa encargada de realizar la obra, asevera que no se hizo un estudio de impacto ambiental, basados en el artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico; por lo tanto, no era necesario realizar el llamado estudio de riesgo.
En este caso la CONANP no se opuso, tampoco lo hicieron otras dependencias encargadas de vigilar la cuestión forestal, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), que en definitiva son quienes están más de cerca “vigilando” que no exista deforestación o tala clandestina en el lugar.
De acuerdo con algunos conocedores, indican que el tema de la tala clandestina o el cambio de uso de suelo en la zona del Parque Nacional, es derivada principalmente por ese estatus que guarda como área natural protegida, toda vez que los dueños de los predios requieren de sus tierras para subsistir, por ello han tomado lo que les pertenece para sembrar en sus parcelas.
Por otro lado, en la mayoría del terreno la gente subsiste principalmente de la madera, al requerirla para construir sus hogares. A esto se suma que al menos en la parte que pertenece a Zitácuaro, en la comunidad de Crescencio Morales, la tala clandestina se disparó desde hace algunos años, devastando gran parte del territorio.
El problema se agrava toda vez que los ejidatarios y comuneros que habitan dentro de esta zona no pueden hacer uso de su suelo ni de un aprovechamiento de la madera que hay ahí. Por ello llevan años peleando para que se derogue el decreto de Parque nacional Bosencheve y les permita realizar trabajos de aprovechamiento y reforestación, por el bien de la misma tierra en mención.
Cientos de inconformes han denunciado que en este momento es una falacia lo que la CONANP pretende proteger, ya que más del 70 % de la zona ecológica son tierras agrícolas con potencial forestal.
En ese contexto, los propietarios de los predios que conforman el Parque, han acusado que los que están detrás de la CONANP, son gente que ni conoce, ni tiene conocimiento del terreno, ya que nunca han tenido la amabilidad de presentarse en el lugar para conocer de cerca la problemática grave que se está presentando y que cada día está peor.
De hecho, aseguran que el Parque Nacional Bosencheve viola y violenta los derechos de los dueños de la tierra, ya que impiden el registro de las plantaciones forestales que servirían para incrementar la superficie arbolada, el incremento de la biodiversidad, así como los servicios ambientales, cosas que le corresponden a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que sólo cierra los ojos y no actúa.
En abril, del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lanzó una recomendación general a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), debido a que esta última dependencia tiene en el olvido a las zonas resguardadas, que carecen de un programa de acción fundamental para asegurar la conservación de los ecosistemas y darle seguridad jurídica, que evitaría la devastación inmobiliaria.
Se insiste que la CONANP no hace nada por evitar la devastación o la preservación de las zonas protegidas, es el caso lo que sucedió con el Nevado de Toluca. A través de un decreto, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, canceló el estatus de Parque Nacional otorgado al Nevado de Toluca, que desde 1936 prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos de esta zona natural.
Diversas voces se alzaron en defensa de lo que fuera el parque nacional para tratar de evitar que se recategorizara. En este caso fue la misma CONANP la que elaboró un plan de manejo y no se opuso a la decisión presidencial.
En su momento Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, alertó que el decreto de Peña Nieto fue una decisión tomada por el Grupo Atlacomulco y su equipo de asesores. “Es el marco jurídico que legitimará la privatización del Nevado de Toluca. Este grupo político empresarial mexiquense esperó obtener la Presidencia de la República para dar el paso que hoy se da con el decreto.”
Aunque en el caso de Bosencheve, es que ya prácticamente no hay nada, o muy poco lo que se pude proteger, mientras que la autoridad competente no hace nada por solucionar el problema de manera inmediata, todo se va en formulismos obsoletos, que más que ayudar perjudica a las personas y al medio ambiente.