Revisiones policiacas un peligro para la sociedad

Zitácuaro. – Ciudadanos que han sufrido una revisión por parte de la policía, denuncian la prepotencia con que los elementos policiacos actúan a la hora de hacer las inspecciones. Lo grave, es cuando les quieren “sembrar” evidencia para acusarlos de un delito que no han cometido.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló (en marzo del año pasado) a favor de que se hicieran revisiones policiacas sin un control judicial, esto no implica que un policía pueda revisar a personas y vehículos a su antojo. Los ciudadanos que han enfrentado una exploración de este tipo, se han visto dañados en su persona y en su patrimonio, luego de que la mayoría de veces son detenidos y acusados de un delito.

El lunes de esta semana que termina, un joven trabajador de una dependencia federal fue detenido por elementos de la policía que viajaban a bordo de dos patrullas y le marcaron el alto para realizarle una revisión a su automóvil, sin que existiera razón alguna. Los hechos se suscitaron en el Boulevard Suprema Junta Nacional Americana, rumbo a la salida a Tuzantla, cerca de las 2:30 de la tarde, cuando el afectado se dirigía a esta ciudad en compañía de su primo.

En su entrevista el afectado explicó que una vez orillados a un costado de la carretera, los policías le indicaron que era una revisión de rutina, por lo que le solicitaron su identificación y papeles del automóvil. Durante la inspección le preguntaron que si consumía droga y que era de él el joven que lo acompañaba, este les explicó que era su primo. Para ese momento se acercaron dos elementos más, que le dijeron que habían encontrado una bolsa con droga. Al cuestionarlos donde estaba, le dijeron que estaba tirada.

Por esta razón se inició una discusión entre ambas partes, ya que el joven los reñía al decirles que si estaba tirada no tenían por qué involucrarlos en esos hechos; por lo que los uniformados cambiaron su dicho y le dijeron que la traía su primo, siendo que a él todavía no lo revisaban.

Tras esto, apartaron al afectado y uno de los uniformados le dijo que necesitaba que acusara a su primo de vender la droga conocida como cristal. El joven se negó a inculpar a su familiar, de la manera en que el policía pretendía lo hiciera. Al no acceder lo aventaron contra su automóvil y lo esposaron para subirlos a la patrulla y trasladarlos a la barandilla, dejando el carro abandonado.

Una vez en las instalaciones de resguardo para personas infractoras solicitó realizar una llamada, el policía a cargo le dijo que no se podía; pero después de tanto insistir, la guardia le sentenció que, si no le contestaban a la primera, ya no tendría otra oportunidad para avisarle a sus familiares. Mientras tanto, lo metieron a una celda y a su primo a otra, celdas que indicó están en deplorables condiciones.

Así mismo, le indicaron que se tenía que esperar a que llegara el médico legista para que lo revisara y pudiera hablarle a su familia. Horas después llegó la doctora a certificar al detenido, constatando que no venía bajo el flujo de ningún tipo de enervante o bebidas embriagantes, permitiendo pagar su multa para que se retirara.

Agregó que ya cerca de las siete de la noche sus papás estaban a las afueras de la barandilla; pero él se encontraba preocupado por su automóvil, ya que se había quedado abierto y estacionado a la orilla de la carretera. Además, en la celda en que estaba se hallaba otro detenido que portaba un desarmador y se veía claramente intoxicado.

Luego de hacer el trámite correspondiente, los familiares del afectado tuvieron que pagar tres mil pesos por sacar el automóvil del corralón, que ya para ese entonces lo habían remolcado con una grúa; pero como siempre sucede en estos casos, no les entregaron ningún tipo de recibo que avalara el pago. Lo mismo sucedió con el desembolso de la multa, la excusa fue la de siempre: los policías de guardia le negaron el comprobante, alegando que no había sistema.

Molesto por la situación, pidió que le dieran los nombres de los policías que lo habían detenido, así como los números de las patrullas, esto también le fue descartado, argumentando que no sabían que elementos habían sido. Calificó el asunto como un abuso, ya que no había cometido ningún delito ni falta administrativa. Por ello denunció que haber permanecido varias horas en las celdas fue una total arbitrariedad cometida por los uniformados, que pretendían inculparlos de un delito que no cometieron.

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