SINOPSIS POLITCA 1173

PRISION, EL DESTINO DE JUAN CARLOS CAMPOS Y SUS COLABORADORES

Desafortunadamente, las autoridades respectivas nos han acostumbrado a constatar que son excesivamente implacables e injustas con el desprotegido y demasiado condescendiente y flexibles con el poderoso, que nos resulta complicado imaginar siquiera que ciertos políticos sean alcanzados por la ley.

A ello se debe –justificadamente- la incredulidad en los órganos fiscalizadores y de procuración de justicia, resultando común que la ley sea rígida, pronta y expedita con quien hurta una gallina agobiado por el hambre o roba medicina para su hijo enfermo, llamándole ladrón; pero a la vez sea tolerante y demasiado indulgente con los gobernantes y funcionarios ladrones, a quienes ni siquiera acusan de robo, sino que rimbombantemente se “les imputa la comisión del presunto delito de peculado, desviación de recursos y faltas administrativas”, y los procedimientos para castigarlos, a pesar de las pruebas contundentes, se prolongan por años (el de Juan Antonio Ixtlahuac lleva más de cinco y falta todavía para que se concluya).

Antaño, a los políticos se les podía acusar de corruptos; pero no de imbéciles, porque no dejaban evidencias de sus ilegalidades. Hoy, además de deshonestos, son idiotas y desvergonzados. Siendo el cinismo lo que en ocasiones más ofende a los contribuyentes; que, además de ultrajados, se les considera retrasados o limitados mentales.

Por ejemplo, desde que se declaró la procedencia del juicio político en contra del ex alcalde Juan Carlos Campos Ponce, se percibía difícil que tanto él como sus colaboradores pudieran librarla. Se vislumbraba como un hecho irrefutable que serían sancionados, pues las evidencias de “irregularidades administrativas” e ilícitos que cometieron durante su ejercicio de gobierno en la presidencia de Zitácuaro, eran excesivas y contundentes, desde sus alianzas con el crimen organizado (que el propio munícipe confesó públicamente), hasta obras inexistentes que se reportaron como terminadas, sin aclarar el destino del dinero que no se aplicó se volvían a programar, así como edificaciones mal construidas y realizadas con materiales de pésima calidad; facturaciones excedidas (en este tema podría estar involucrada cierta precandidata de “izquierda”), ejércitos de aviadores, empresas “fantasmas”, auto compras, prestanombres y otras tantas artimañas que se orquestaron con el propósito de saquear las arcas públicas, de robarse el dinero de los zitacuarense, como sucedió.

                    TODOS INDOLENTES ANTE LA CORRUPCION, MENOS UN CIUDADANO EJEMPLAR

Y si, efectivamente todo hubiese quedado totalmente impune, pues ningún líder social, de esos que abundan en tiempos electorales, ni los tradicionales dirigentes políticos, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera por revanchismo o estrategia política de desgaste al adversario, se atrevió jamás a criticar a Campos Ponce, mucho menos a denunciarlo para controlar sus ansias o demandar ante otras instancia de gobierno transparentar su ejercicio público, a pesar de que su mandato ha sido el más voraz, despiadado y ruin en la historia de Zitácuaro.

De no haber sido por el abogado Marcos Joel Vera Terrazas y el Congreso Nacional Ciudadano, que un día antes de que prescribiera el plazo para actuar legalmente en la exigencia de la rendición de cuentas, demandaron ante el Congreso del Estado juicio político en contra del degenerado político, nada hubiese sucedido. Esto exhibe la nula preocupación ciudadana por exigir transparencia y honestidad a sus mandatarios y castigo a quienes se aparten de la probidad y legalidad. Cuando no somos egoístas, que anteponen los interese individuales y vendemos la conciencia a cambio de la desgracia colectiva, nos convertimos en personas atenidas a que los demás hagan lo que a todos corresponde y lejos de apoyarlos, los criticamos e insultamos.

Al Lic. Vera, los esbirros de Campos Ponce, incluso algunos ciudadanos, lo acusaban de mercenario, que denunciaba la corrupción, exigía transparencia gubernamental y castigo para los ladrones como una manera de presionar para obtener parte del botín, saqueado por los traidores al pueblo que gobernaron. Otros más afirmaban que el abogado denunciante pretendía reflectores que le concedieran popularidad y de ahí brincar a una candidatura. Nadie se atrevió a confiar, ni siquiera intentar creer que todavía existen ciudadanos dignos, libres y de buenas costumbres, que sólo buscan la verdad, la justicia y la razón, a pesar de exponer su propia integridad al enfrentarse a criminales sumamente peligrosos, por el capital y las relaciones que poseen. Corroborándose que también muchos ciudadanos están tan dañados, contaminados y habituados a la descomposición, que piensan que ésta es normal y creen que todos son de su calaña, igual que la mayoría de los políticos que nos han gobernado.

Hoy los resultados se manifiestan por si solos: Vera Terrazas toleró la seducción de las ofertas económicas que las lacras le hicieron, empleando para ello a otros sujetos de su clase, que en sociedad se presentan como prósperos hombres de negocios, pero que en realidad se trata de vulgares empleados y prestanombres de delincuentes, para que realizaran ofrecimientos de dinero; que cualquiera, sin la formación de Vera, hubiese caído de rodillas, rendido frente al poder financiero y político que se le ofertaba para que declinara de las acciones legales emprendidas.

No lo hizo y hoy su trabajo,  a nombre de los zitacuarenses dignos (pero sin el carácter suficiente), está rindiendo frutos a favor de todos; pues por primera vez en la historia de este pueblo a un gobernante se le ha instruido juicio político y está siendo llamado a rendir cuentas… y si las autoridades respectivas, responsables de investigar y sancionar, no son tocadas por el mismo cáncer de la corrupción, se recuperará el dinero robado y los criminales serán recluidos en prisión.

                                       NO SE TRATA DE UNA ALUCINACION O ANHELO INFUNDADO

No. No soy iluso, al menos en este tema. Tampoco emito afirmaciones infundadas: Campos Ponce, sus socios, colaboradores, prestanombres, aliados y todos aquellos que con él contribuyeron a perjudicar al municipio y a los zitacuarenses, si visitarán la prisión y regresarán parte del dinero indebidamente sustraído de las arcas públicas. A continuación les describiré porque.

Hace casi un año que el Congreso de Michoacán decretó la procedencia del juicio político contra Campos Ponce y su consecuente inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero dicha decisión del legislativo no se le había podido notificar por que el ex alcalde acudió a la protección de la justicia federal en busca de amparo, para lo cual promovió más de tres juicios de controversia Constitucional, el cual finalmente se le negó (sobreseyó) en días pasados, notificándosele que se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años.

Mitómano, como es el señor ex alcalde (mitomanía: trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica), de inmediato realizó una campaña para desmentir el fallo del poder legislativo; primero afirmando que sí se le había inhabilitado, pero no por dinero (no por bandido pues), sino porque no entregó las cuotas del ISSSTE; también por nepotismo y por una maquinaria que se encontraba extraviada, pero que Carlos Hurtado Casado ya le certificó que fue localizada en el relleno sanitario. Y ya encarrerado, Campos aprovechó para acusar de ignorantes y mentirosos a los diputados por dicha decisión, incluyendo, y muy especialmente, a los de su propio partido (PRI), así mismo imputó opacidad en las acciones del poder legislativo.

Lo que Juan Carlos Campos Ponce no informó, tal vez por desconocimiento, es que no importan tanto las causas que motivaron que los legisladores decidieran se le sometiera a juicio político, si no los elementos de prueba que se encontraron para hacerlo…y mucho más interesante, y grave para él y los suyos, lo que se desprenderá de las indagatorias que tendrán que realizarse…

Explico:

En efecto, nada más se le inhabilitó por tres causas, tal vez las más sencillas de acreditar sin ahondar demasiado en la pesquisa de pruebas, ya que existen organismos más experimentados en ello, pues los diputados de la comisión de asuntos jurisdiccionales no son peritos investigadores. Ellos nada más trataron de corroborar, con las evidencias presentadas por Vera Terrazas y el Congreso Nacional Ciudadano (quienes no son autoridad fiscalizadora, lo que les impide tener acceso a evidencias documentales oficiales), que se reunieran los elemento indispensables para la declaratoria de juicio político.

Algo parecido a lo que sucedió con Al Capone, a quien el gobierno no tuvo la capacidad de procesarlo por contrabando, pero logró apresarlo por evasión fiscal primero. Obviamente guardando las proporciones de la capacidad intelectual del gánster de los años 30^s, con los ridículos aprendices de mafiosos de rancho que gobernaron Zitácuaro.

                                                            AHORA SI VIENE LO DIFICIL

De ninguna manera resulta sano alegrarse o mofarse de la desgracia de otros, no importa que usando el libre albedrio ellos hayan escogido la ruta equivocada, apartándose de la ética y la legalidad, pues siempre será doloroso que los demás sufran.

Y pronto, esos ex funcionarios arrogantes y déspotas, lejos de inspirar compasión, provocarán lástima, al mendigar implorando compresión a sus fechorías para conseguir que sus crímenes queden impunes e ir por más: poder y dinero ajeno.

Sin embargo, aunque traten de engañar que no se excedieron, para persuadir a los ingenuos que son víctimas de persecución política, lo realmente difícil para ellos apenas comienza; pues una vez notificados de la declaratoria de juicio político y la inhabilitación por dos años (por la comisión de faltas “no graves”, desde la perspectiva del ex edil), el Congreso tiene la obligación de hacer del conocimiento a todas las dependencias gubernamentales (federales, estatales y municipales), que tienen que ver con el origen de los recursos otorgados en custodia para su honesta y trasparente administración, para que se les investigue.

Es decir, se notificará a la Contraloría municipal, a la Secretaria de la Contraloría del Estado, a la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal, a la SHCP, etc, incluidas las Procuradurías de Justicia (PGJE y PGR) ante la posible comisión de ilícitos. Para que todos ellos se avoquen a las pesquisas, reuniendo las pruebas que acrediten responsabilidades o absuelvan culpas.

Las investigaciones de presuntas irregularidades administrativas y la posible comisión de ilícitos se vendrán en cascada y en cadena se tendrán resultados, los que ya comenzaron.

OTRA INHABILITACION PARA CAMPOS Y SOCIOS: AHORA POR TRES AÑOS

   Como balde de agua fría a de haber caído a la arrogancia de los saqueadores la nueva notificación de la Auditoria Superior de Michoacán (con fecha 14 de febrero, del 2018), en la que se les informa de otra inhabilitación, ahora por tres años, no sólo para Juan Carlos Campos, también para la mayoría de sus funcionarios de primer nivel, incluida sanción económica a la totalidad del cabildo; quienes –todos- además deberán reintegrar o devolver millonarias cantidades de dinero que fue sustraído o robado de las arcas municipales, durante el ejercicio fiscal del año 2013. Recursos que algunos de ellos ya no tienen en efectivo, pues han invertido en propiedades, negocios, viajes, lujos, abogados, protección y otras tantas frivolidades. Además esta nueva sanción provocará fricciones y rompimientos entre los integrantes de esta asociación delictiva, algunos se sentirán engañados y defraudados, otros buscarán exclusivamente salvarse ellos, negociarán indulgencia a cambio de empinar al aliado (filtrarán información valiosa de sus ilícitos), entre otras “lindezas” que se estilan entre ambiciosos sin escrúpulos. Además de traidores y cobardes.

Pero todo lo anterior nada más representará un golpe medianamente duro (faltan los realmente fuertes), pues andaban angustiados negando que la inhabilitación por dos años, notificada con anterioridad, por nepotismo, las cuotas del ISSSTE y “desaparición de maquinaria”, fuese por cuestiones económicas. Además de alegar están infundadas, por tratarse de persecución política y de un Congreso cuyos legisladores son ignorantes y predomina la opacidad en todos los actos de ese poder popular.

Y tal vez esos argumentos del ex edil lograron sembrar duda en algunos ciudadanos; pero ahora, con esta nueva resolución, se cae de tajo toda la cascada de mentiras y se exhibe al ex alcalde como lo que realmente es: un sujeto con trastornos psicológicos, que miente de manera compulsiva y enfermiza, falseando la realidad para hacerla más soportable para él; incluso posee una imagen distorsionada de sí mismo, generalmente con delirio de grandeza, produciendo una gran distancia con su imagen real. Mintiendo sin valorar las consecuencias de sus mentiras, que ahora se le restriegan en el rostro.

 

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