SINOPSIS POLITICA 1145

DAÑOS “COLATERALES” EN JUNGAPEO

   Desde el inicio de la presente administración municipal era del dominio público la presencia de grupos armados que operaban en la zona serrana y en misma cabecera municipal de Jungapeo, los que supuestamente se organizaron para defenderse de bandas del crimen organizado y algunos secuestradores y extorsionadores que asolaban la región.

No obstante, esos comunitarios o autodefensas empezaron a excederse, atribuyéndoseles levantones y ejecuciones extrajudiciales de varios parroquianos de la zona; resultando, para los pobladores de ese paradisiaco lugar, más perniciosos que los propios integrantes de la bandas formadas por delincuentes comunes.

Fueron varios los desaparecidos, incluso algunos ejecutados en las propias instalaciones de la presidencia municipal. Pero nada pasaba, todo continuaba igual, ninguna autoridad actuaba y daba la impresión de que la ciudadanía se estaba adaptando a sobrevivir ahora bajo el yugo de este nuevo grupo infractor y la zozobra de ser levantado y desaparecido; pues, según habitantes del lugar, asciende a alrededor de diez el número de personas levantadas y asesinadas (quien era levantado, seguro lo encotraban muerto o ya no aparecía). La mayoría señalados de ser integrantes o colaboradores del crimen organizado.

Pero las señales de alerta se encendieron el lunes, cuando varios civiles encapuchados y armados llegaron a un domicilio del centro de la cabecera municipal de Jungapeo, a dos cuadras de la presidencia municipal, buscando a un masculino. Pero al no encontrarlo golpearon a una mejer mayor  y a un anciano de más de 80 años de edad.

Cuando los presuntos autodefensas arribaron al domicilio de sus futuras víctimas, la mujer, quien ya había presentado ocho quejas ante la CEDH, alcanzó a comunicarse vía telefónica con algunas dependencias gubernamentales pidiendo auxilio y algunos funcionarios notificaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, exhortando a los policías que acudieran a proteger la integridad de los agredidos; pero, no obstante el domicilio de las personas atacados ubicarse a unos metros de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, los elementos policiacos jamás asistieron a brindarles socorro.

Ante la omisión de las autoridades policiacas, el grupo de civiles armados “levantaron” a la mujer y al anciano padre de esta, quienes aparecerían asesinados al día siguiente, presumiéndose que fueron ultimados con las armas de cargo de la propia policía municipal y que al frente del convoy de maleantes se encontraba el alcalde de Jungapeo, hoy detenido.

                                     CONFUNDEN AL SENADOR CHON ORIHUELA EN JUNGAPEO

Tras los lamentables sucesos, entonces sí hubo una pronta reacción policiaca (que todavía no concluye), que ya logró varias detenciones, entre ellas la del presidente municipal Javier Hernández Rivera y también algunos inocentes, estos últimos pobladores de las localidades de La Mora y La Florida, quienes semanas antes habían tenido fricciones verbales con el Senador J Ascensión Orihuela, por la disputa de agua, que Orihuela utiliza para sus plantaciones de Berry, limitando a los pequeños productores del vital líquido para regar sus parcelas.

Los ciudadanos ajenos al grupo armado, detenidos durante el operativo y que posteriormente serían dejados en libertad, previa disculpa de las autoridades después de ser golpeados, refieren que días posteriores al álgido debate con el poderoso político, notaron la presencia de civiles armados y encapuchados rondando sus domicilios, creyendo que se trataba de pistoleros al servicio del Senador y su familia que pretenderían intimidarlos para que dejaran de exigir se pare la sobreexplotación del recurso hídrico.

Por lo que, el día del operativo para detener a la banda de homicidas del anciano y su hija, y que ellos fueron aprehendidos por equivocación, lo primero que pensaron es que se trataba del Senador, quien en complicidad con el gobernador de Michoacán los reprimían. Pero todo parece indicar se trató de una confusión de los maltratados pobladores.

Aunque confundidos, las sospechas de los detenidos ilegalmente en La Mora y La Florida, no son infundadas, pues recaen en alguien que, no obstante verse favorecido con el tráfico de influencias, que le permite la representación popular que ostenta, para distraer en su beneficio decenas de millones de pesos, también practica y promueve la deforestación de nuestros bosques, además de tutelar el ilegal cambio de uso de suelo, oponiéndose desde el Senado y la Cámara de Diputados al desmantelamiento de huertas ilegales de aguacate, particularmente de sus colaboradores y socios.

Siendo integrante de una familia que se caracteriza por utilizar todas las formas existentes de intimidación como instrumento político, no resulta sorprendente la versión de los detenidos, en el sentido de que el Senador podría trasladar las mismas tácticas perniciosas que emplea en política al terreno agrario y estar atrás de la represión. Pero hasta hoy las averiguaciones indican que no es así y favorecen al Legislador.

                             LOS MALOS HÀBITOS SON FÀCIL DE IMITAR, MÀS CUANDO CONVIENE

Pero el mal hábito por defender la ilegalidad e intentar proteger a los transgresores del medio ambiente, ha motivado a otros que, como él, también buscan enriquecerse de la ilegalidad, asesinando árboles para implementar otros cultivos. Como está sucediendo en la comunidad de El Aguacate; donde, el día domingo, pobladores preocupados por la conservación del bosque subieron al cerro Cacique a realizar trabajos de supervisión y encontraron, en esta emblemática área montañosa de Zitácuaro, una amplia devastación forestal y reciente plantación de aguacate en las faldas del cerro. En un bello paraje que se antoja para un parque ecológico.

Las autoridades de la comunidad denunciaron ante la PROFEPA y otras dependencias gubernamentales el ilícito, pero de inmediato fueron objeto de insultos y practicas intimidatorias, amenazando que “por eso les parten su madre” y que “por ay ban a k dar”. Mensaje emitido a través de las redes sociales.

Aunque El Aguacate es una comunidad bien organizada, que ha mostrado mayor eficiencia que la misma policía para detener infractores, como sucedió con el sujeto que incendió la vivienda en la que murió su madre y con una banda de ladrones que fue descubierta en flagrancia y uno de sus integrante fue atrapado por los pobladores, se teme que las amenazas puedan hacerse efectivas, por la capacidad económica de algunos aguacateros, que sin mucha dificultad pueden contratar criminales para causar daño a los denunciantes; por ello la exigencia a las autoridades respectivas para que investiguen y no se permita bajo ninguna circunstancia que los delincuentes se crezcan, mucho menos lleguen siquiera a pensar que les asiste la razón en la comisión de sus fechorías. Además de otorgar certeza a los denunciantes para que lo sigan haciendo.

                                                                 YA CAYÒ EL PRIMERO…

El gobernador les advirtió que no permitiría vínculos de ninguna especie, entre funcionarios de cualquier nivel, de la filiación partidista que fuese y sin importar incluso el grado de acercamiento con él, con integrantes del crimen organizado o cometieran alguna conducta delictiva.

Algunos ensimismados en su arrogancia, tocados por el poder y sintiéndose semi dioses (en vez de empleados al servicio de la sociedad a la que se deben), no creyeron. Otros tal vez consideraron que el gobernador estaba loco o bromeando ¿Cómo les haría daño si es rebuena gente y además amigo cercano? Se niegan aceptar que el libre albedrio nos faculta para hacernos exclusivos responsables de nuestros actos. Las decisiones son individuales y también las consecuencias.

Pero ojalá el de Jungapeo no sea un caso de simulación, que evite llegar al fondo del mismo, dándole prioridad a la filiación partidista, a la afinidad o animadversión, pues lo importante es que prevalezca ante todo la aplicación irrestricta de la Ley, como lo ha prometido el gobernador.

Lo deseable es que la limpieza no sólo sea en la casa, sino que se extienda más allá, llamando a cuentas a todos los políticos delincuentes, del partido que sean. Sobre todo a los que se coludieron con organizaciones criminales, que saquearon a los municipios y destrozaron las finanzas estatales y que, a pesar de ello, hoy impunemente son tomados en cuenta en las negociaciones de espacios partidistas, despóticamente se pasean presuntuosos, placeándose en busca de candidaturas o impulsando a ex socios y aliados.

También se tiene que sentar un precedente para contener las ansias de los gobernantes y funcionarios actuales, para que le piensen antes de meter la mano, apropiándose de bienes que no son suyos, se fijen con quienes se juntan o asocian. Porque no basta con imitar a Peña Nieto, que encarcela a algunos ladrones y delincuentes, después de que saquearon, pues será mínimo lo que se pueda recuperar. Lo mejor es impedir que roben, secuestren y asesinen.

Pero sobre todo, el gobierno Silvanista debe empezar efectivamente barriendo la basura de la casa. Es ahí donde se encuentran algunos zánganos desleales, que son los que más daño pueden causar. Principalmente aquellos que creen que acceder al poder es para estacionarse en la zona cómoda, ser objeto de elogios y privilegios económicos. No trabajan en fortalecer la proyección del gobierno, del cual forman parte, no se percibe que realicen operación política, ni que exploten –inteligentemente- a favor del partido las acciones positivas de los gobiernos perredistas, mucho menos potencializan las obras.

Es más común verlos traicionando su supuesta ideología de izquierda, lucrando con los cargos que ostentan, reuniéndose con delincuentes de partidos opositores, a quienes les venden promesas de protección a cambio de remuneraciones económicas, negocios y alianzas políticas. Otros desatienden las denuncias ciudadanas presentadas contra los adversarios del régimen y en cambio dan celeridad o comenten injusticias en perjuicio de los desamparados.

Algunos funcionarios y colaboradores de SAC le imprimen al gobierno una imagen aburguesada, como si se tratara de un mandato al servicio de los intereses de grupos de poder económico, político y factico, dándole la espalda a las mayorías ciudadanas que los llevó al poder. Otros más hacen alarde de ostentación, usando calzado con valor superior a los 18 mil pesos, cinturones de 7 mil pesos, camionetas de millón de pesos y otros bienes que no podrían adquirir honradamente, litigando o laborando en la iniciativa privada. Mientras la inmensa mayoría de michoacanos se hunden en la inseguridad, la violencia, el desempleo y ausencia de oportunidades de desarrollo, con dificultades para conseguir alimento, atención médica de calidad o especializada y medicinas.