SINOPSIS POLÍTICA 1151

FRAGILIDAD EN LOS ORGANOS DE PROCURACIÒN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÙBLICA

No hemos terminado de salir de la etapa más oscura que ha padecido el Michoacán contemporáneo y la amenaza de retornar a la dominación del crimen organizado sobre las autoridades legalmente instituidas, crece.

Ciertamente, con el cambio de poderes en el Estado, en algunas regiones de Michoacán casi se extinguió el control absoluto y total que tenían los grupos del crimen organizado sobre los gobernantes, políticos y funcionarios, sobre todo en los mandos policiacos de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaria de Seguridad Pública y policías municipales, que obedecían fielmente las indicaciones de los infractores, incluso algunos policías llegaron a convertirse en jefes de las bandas delincuenciales.

Con el cambio de gobierno, al menos en la región oriente y en la vecina región de Tierra Caliente se acabaron los cobros de cuota y extorsiones por parte del crimen organizado. Disminuyendo con ello la zozobra de salir a pasear de noche, conducir vehículos costosos, de invertir para emprender negocios y hasta de construir alguna vivienda, porque de inmediato se era objeto de violencia física y psicológica por parte de criminales para despojarnos de nuestros bienes.

Al avance en la recuperación de la paz y seguridad, han influido el repliegue y debilitamiento de las organizaciones delictivas (que no han sido exterminadas); pero la amenaza continúa, pues quienes con ellos “convivieron”, desde las posiciones de mando en las corporaciones responsables de combatirlos, son los mismos que permanecen en ellas; es decir, el mismo cáncer, esa jauría de delincuentes que Alfredo Castillo Cervantes reclutó y trajo a Michoacán, continúa incrustada en áreas estratégicas de procuración de justicia y seguridad pública. Sujetos que ven a nuestro Estado como un botín y se concentran en la tarea primordial que los trajo al Michoacán: la rapiña y el saqueo, a través de la extorsión y soborno a los ciudadanos, sean o no infractores.

Pero la amenaza se hace más evidente ante el debilitamiento de las dependencias públicas responsables de prevenir el delito, combatirlo y perseguir al delincuente. Si en el pasado reciente la sociedad michoacana se vio azotada por la corrupción gubernamental, a través de prácticas perniciosas, como la subordinación, complicidad y colaboración de la autoridad con el crimen organizado; en la actualidad, la misma corrupción, transformada en omisión, negligencia e ineptitud están a punto de ocasionar daños similares.

En la reciente gira que el gobernador Aureoles realizó a la región oriente, lejos de encontrar manifestaciones de aliento y declaraciones de agradecimiento, tropezó con algunos sectores fastidiados con los excesos de sus gobernantes, así como la torpeza y frialdad de los responsables de sancionar los abusos.

Primero, en Maravatio, un grupo de regidores interceptó al mandatario estatal, solicitando su intervención ante el autoritarismo represivo de un alcalde ignorante de las leyes, reglamentos y protocolos que de ellas emanan, mostrándole videos en los que se muestra como el presidente municipal de dicha población ordena a la Policía Michoacán expulse del Cabildo a un regidor, acusado de estar filmando una Sesión del Ayuntamiento, que la legislación establece como pública.

Dicha agresión indignó al gobernador Michoacano al corroborar la prepotencia y atropellos del mandatario municipal, surgido de las mismas filas partidistas; por lo que de inmediato se comunicó con el Fiscal Regional de Zitácuaro para instruirle se abocara a la irrestricta aplicación de la ley al respecto.

Como si la pérdida de la cordura fuese una epidemia contagiosa exclusiva de la clase gobernante, que confunden el servicio público con una monarquía; es decir, en lugar de aceptar su condición de empleados de la ciudadanía, se creen integrantes de la realeza, sintiéndose dueños no sólo de los bienes públicos entregados para su custodia, eficiente, transparente y honrada administración, también se consideran propietarios de la vida y cuerpos de sus colaboradoras, se auto consideran señores hacendados que, a capricho pueden ejercer el fenecido “derecho de pernada”, que se usaba en la Edad Media y otorgaba a los señores feudales potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier sierva de su feudo.

Aunque no estamos en la Edad Media, hay quienes se conducen como señores feudales, creen que sus colaboradores son sus siervos y poseen derechos sobre ellos, atreviéndose a hostigar a las damas, presionándolas y amenazándolas para que acceden a sus instintos sexuales, de lo contrario son despedidas de sus empleos. Como sucedió en Ocampo, cuyo alcalde ha sido acusado de acosar sexualmente a una colaboradora, quien lejos de ceder a las pretenciones del mandatario, denunció y como consecuencia fue despedida de su trabajo.

La víctima acudió a ver al gobernador, el mismo día que lo hicieron los regidores de Maravatio, pero la afectada de Ocampo lo hizo en Zitácuaro, donde además se quejó con Aureoles que, lejos de ser apoyada en su denuncia, funcionarios de la Fiscalía Regional de Justicia también la han hostigado por tener en su vivienda una lona en la que públicamente denunciaba las arbitrariedades de las que ha sido objeto ella y su familia por parte de enviados del edil y este mismo, además de exigir se audite a la administración pública municipal, pues afirma abundan actos de corrupción y desviación de recursos. Mostrando videos donde se observa a empleados de la Fiscalía armados rondando su domicilio y tomando fotografías.

De nueva cuenta el gobernador se molestó y ordenó a Javier Ocampo revisar el asunto. Sin embargo, días después la misma policía ministerial y ministerios públicos acudieron a retirar las lonas, atentando contra el sagrado derecho a la libertad de expresión, manifestación libre de las ideas y opiniones. Concediéndole mayor gravedad al hecho de expresarse que al saqueo de los bienes públicos y el acoso sexual de un mandatario hacia sus funcionarias; pues, se afirma, no es la única agraviada en ese sentido, pero si la primera que se ha atrevido a denunciar.

            NEGLIGENCIA POLICIACA A PUNTO DE DESENCADENAR TRAGEDIA EN EL CACIQUE

La semana pasada la Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial desmanteló otra huerta de aguacate establecida en terrenos con vocación forestal, dentro de la zona de reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca, en las faldas del Cerro Cacique y cerca de la comunidad de El Aguacate, en el municipio de Zitácuaro.

Una vez arrancadas las plantas de aguacate, la SMACCD exhortó a los habitantes de El Aguacate para que reforestarán el área devastada por los productores agrícolas, razón por la cual, el pasado domingo, en asamblea general los pobladores decidieron plantar árboles de pino en el espacio que fue incendiado y talado para establecer plantaciones de aguacate y fijaron el día miércoles como fecha para realizar la faena comunitaria, pidiendo para ello el respaldo de la Policía Michoacán y bajo la promesa de la SMACCD de estar presente también con apoyo policiaco para derribar los cercos perimetrales de la fracción recuperada.

Demostrando su amor por el medio ambiente, sobre todo por el Cerro Cacique, símbolo que identifica al pueblo de Zitácuaro, los habitantes de El Aguacate acudieron presurosos, como cada año, a la reforestación de su amado cerro. Hombres, mujeres, niños y ancianos se aglomeraban en torno a los árboles que serían plantados, que resultaron insuficientes, haciendo de esta actividad comunitaria una fiesta ecologista.

Todos confiados, pues contarían con la protección de la policía que resguardaría la zona, para evitar cualquier incidente con los poseedores del predio; que, con ese hecho (de ser poseedores), se considerarían con el derecho de hacer con su “propiedad” lo que se les antojara, a pesar de ser terrenos comunales, con vocación forestal y estar en zona protegida.

Al arribar el grupo de personas al área perimetral del predio recuperado por la SMACCD, nadie se atrevía a entrar, querían esperar la llegada de la Policía y de los funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial; pero, después de la faena de reforestación, la mayoría de asistentes tenían actividades propias que realizar, por lo que al esperar un tiempo prudente decidieron ingresar e iniciar la reforestación, pues ya pasaban las 9 horas y tanto la policía como funcionarios se habían comprometido estar presentes a las 8 horas. Pero no cumplieron.

Cuando las familias se encontraban concentradas en la tarea de reforestación, arribaron dos hombres jóvenes y dos mujeres, quienes con insultos se dirigían al encargado del orden, acusándolo de haberles aconsejado que compraran dicho predio. Los presentes exigían a los agresores se condujeran con respeto, los ánimos salieron de control, los jóvenes sustrajeron de una camioneta armas de fuego con las que amagaron a las familias presentes y accionaron las mismas, pero estas se atascaban, aún así hubo disparos que no dieron en el blanco. El saldo: un hombre lesionado a cachazos, decenas de estresados e impotentes ante las vejaciones de los agresores y la promesa incumplida de la presencia de los cuerpos policiacos que resguardarían la zona.

Horas después, de manera aparatosa y tumultuaria llegarían corporaciones policiacas, haciendo alarde de poderío, cuando ya habían dado oportunidad a que los infractores ocultaran toda evidencia incriminatoria, realizaron operativos en su búsqueda, ante la incredulidad de los presentes, seguros de que si los encontraban sería para sobornarlos, quitarles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades a cambio de la respectiva cuota de “protección y seguridad”.

El anterior es un claro ejemplo de como la omisión en la aplicación de la ley y la tolerancia de las autoridades para sancionar conductas transgresoras, engendran malos hábitos, perversiones y costumbres negativas en buenos ciudadanos. Las personas que utilizaron en el Cerro Cacique áreas forestales para plantar aguacate, no son seres malvados, se trata de jóvenes emprendedores y trabajadores, que cometieron un error al instalar sus huertos donde no debían, tal vez por ignorancia, pero el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidades.

Pero cometieron ese “error” inducidos por la tolerancia de los gobiernos anteriores, que permitieron la deforestación de amplias zonas boscosas, lo que se convirtió en un mal hábito, una continua practica dañina que nadie atacó y hoy, que intenta combatirse, ante la gravedad de los cambios climáticos, los aguacateros (la mayoría con vasto poder financiero) tratan de impedirlo, interpretando a su conveniencia la aplicación de las leyes.

Lo jóvenes infractores debieron estar conscientes que al invertir en áreas forestales protegidas estaban arriesgando su patrimonio y aceptar las consecuencias de sus actos; pero lejos de actuar con prudencia, lo hicieron con violencia y se perjudicaron más. La inversión para salir del problema (evadir la acción de la justicia), será mayor que la que aplicaron en la plantación. Ahora tendrán que gastar en su defensa legal y en saciar la voracidad de los policías y fiscales hambreados, con quienes seguramente estaban “puestos” para que los dejaran “trabajar” y ahora les dieron motivo para que les aumenten la “cuota”; pero si no es así, ya lo tendrán que hacer. En ello se les irá gran parte del capital que han construido con esfuerzo.

POLICIA MINISTERIAL ASALTA Y ROBA VEHICULO A ZITACUARENSE

Mientras en las faldas del Cerro Cacique urgía la presencia policiaca, algunos de estos guardianes del orden, investigadores de los delitos y persecutores de delincuentes, se ocupaban en buscar la forma de incrementar su patrimonio personal, precisamente ultrajando las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir.

En la calle Lerdo de Tejada, en el centro de la ciudad, los criminales con charola vieron la oportunidad de hacerse ilícitamente -como es su costumbre- de algo de dinero fácil; pues en ellos es una práctica rutinaria, presionar a los conductores de vehículos con el cuento de que sus unidades son robadas o tienen alteraciones en el número de serie de identificación vehicular, la que ellos mismos, una vez en el corralón de la Fiscalía, se encargan de alterar, mientras sus cómplices interrogan a la víctima del atraco. Pero en esta ocasión el tiro les salió por la culata.

Los poli delincuentes pusieron la mira en un auto Mini Cooper, estacionado en Lerdo de Tejada, casi esquina con Leandro Valle, que “a su parecer” se les hizo sospechoso. Mientras realizaban maniobras para subirlo a la grúa y llevarlo al corralón, se presentó el propietario, Alfredo Sánchez Ramírez, Presidente de la Asociación Civil “Intelectual Progresista”; en perjuicio de quien, de manera flagrante, se violentó la garantía ciudadana plasmada en el artículo 16 Constitucional, que establece: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Pues al poli criminal le valió madres la Constitución, las leyes que de ella emanan, así como los protocolos y procedimientos, y cargó con el carro de Alfredo Sánchez. No sin antes entregarle a su víctima una cátedra de vulgaridad, prepotencia y majadería, propia de la mayoría de los que se dedican a esas actividades.

Finalmente el vehículo le fue devuelto a su legítimo propietario, pues efectivamente no le encontraron irregularidad alguna, ya que se trató de una artimaña muy corriente para sobornarlo con dinero, como suelen hacerlo con todo ciudadano que tiene la desgracia de encontrarse con estos delincuentes.

Por su parte, Alfredo Sánchez Ramírez, como líder de una organización que tiene por objeto despertar la conciencia cívica de la ciudadanía, está obligado a denunciar, para que sujetos como el que lo ultrajó pise la cárcel, él y todos sus cómplices, cuya cadena debe llegar muy alto, donde este criminal representa el eslabón más débil, la desechable carne de cañón. No basta con que sea puesto a disposición o cambiarlos de adscripción, como suele suceder.