SINOPSIS POLITICA 1169

REPRESION, MENTIRAS Y AUSENCIA DE RESPETO A LAS GARANTIAS CIUDADANAS

Desafortunadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se le está haciendo hábito responder a las exigencias ciudadanas con garrotazos y cárcel, ultrajando flagrantemente los derechos esenciales del ser humano. Así quedó de manifiesto nuevamente el pasado miércoles, en la comunidad indígena de San Felipe de Los Alzati, cuando un bloqueo a las vías de comunicación fue reprimido de manera violenta, sin mediar intento de diálogo. No obstante los inconformes haber anunciado públicamente, una semana antes, que realizarían tal acción.

Hemos insistido en la perversa intensión de grupos políticos y delincuenciales que buscan desestabilizar el estado de Michoacán con fines electorales, para ello han cooptado a líderes beligerantes e infiltrado movimientos sociales y sindicales para que radicalicen acciones perturbadoras del orden público; sin embargo, en el gabinete de Silvano Aureoles abundan también funcionarios que otorgan elementos de sobra para provocar cólera colectiva en contra del gobierno.

Es decir, los promotores del caos sólo buscan pretextos para desestabilizar, pero el estado les brinda causas para abanderar: reteniendo pagos de sueldos devengados, mintiendo, desatendiendo demandas ciudadanas y otras exigencias justas de la población, que se reducen a dinero, que ya no estaba cuando el gobierno actual llegó a hacerse cargo de su administración, encontrando puros pasivos; pero tampoco ha hecho mucho por transparentar quien se lo llevó, castigar a los ladrones y recuperar el botín, para con el saldar deudas y compromisos con los gobernados, irritados con justa razón.

Lejos de emplear el diálogo en la solución de los conflictos sociales, producto del malestar ciudadano frente al incumplimiento, se recurre a la “ley” del garrote como método para ahogar la protesta popular, sabiendo de antemano que al utilizar la fuerza para reprimir al pueblo, se obliga a este a usar la fuerza para defenderse. Exactamente como sucedió el pasado miércoles en San Felipe de Los Alzati.

La Policía Michoacán llegó a San Felipe a disolver el bloqueo que comuneros, profesores y padres de familia mantenían en ese tramo carretero y sin mediar palabra alguna o exhorto para que los manifestantes se replegaran y dejaran de afectar a terceros perjudicados con sus acciones, arremetieron contra quienes encontraban a su paso, fuesen o no “agitadores”, deteniendo incluso a mujeres de la tercera edad y menores. La falta de diálogo, estrategia y tácticas inteligentes, llevó al fracaso el operativo de desbloqueo, exacerbando más los ánimos de esa combativa comunidad, que esta ocasión contaba con el respaldo del magisterio de la región.

La reacción de la población agredida fue también con fuerza, reteniendo a dos policías y al Secretario del Ayuntamiento que había acudido a dialogar con ellos para contribuir en la gestión de una salida al conflicto, ofreciéndose de mediador ante las instancias estatales. Más tarde los detenidos por la comunidad serían canjeados por los prisioneros de la policía.

                                                                PERIODISTA ENTRE LAS VICTIMAS

Cumpliendo su labor de informar a nuestros lectores, el compañero Luis Contreras Vázquez transmitía en vivo, a través de Facebook, el desarrollo del operativo de desalojo, cuando fue interceptado y detenido por elementos de la Policía Michoacán, a pesar de informarles que es reportero e identificarse con la respectiva acreditación, lo oficiales lo ignoraron. Como pudo se comunicó mediante mensaje de watshapp, informando que se encontraba detenido y sería trasladado a Morelia, junto a las demás personas requeridas. En Tuxpan Luis se volvió a identificar y de nueva cuenta fue ignorado. Se perdió toda comunicación con él alrededor de dos horas, tiempo de incertidumbre y desesperación, pues policía en muchos casos es sinónimo de delincuente, con la salvedad que en ocasiones estos últimos si tienen honor.

Preocupaba sobremanera que a Luis le fuesen a fabricar algún delito, sembrarle droga, armas e imputarle conductas delictivas; incluso, recordando el pasado reciente, que fuese entregado a alguna organización delincuencial y desaparecerlo. Fueron momentos de impaciencia e impotencia, por lo que su detención se compartió en redes sociales, con organismos defensores de derechos humanos y grupos de periodistas, encontrándose de inmediato eco solidario con todos ellos.

Algunos comunicadores interceptaron a un mando de la SSP  y lo interrogaron al respecto, contestando el funcionario que se trató de una confusión, ya que el reporteo no se había identificado. Falseando cínicamente la verdad de los hechos y burlándose más tarde al afirmar que, “andan de pinches metiches y no se identifican”. Mofándose de una flagrante violación a los derechos humanos de un ciudadano, víctima de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y otros ilícitos que vulneran el derecho a la información y libertad de expresión. Demostrando los mandos policiacos y sus subordinados, que pueden violentar ellos mismos el estado de derecho y burlarse de las víctimas; pues para el empleado público el reportero era el culpable del ultraje a sus propias garantías individuales y además responsable de la ineptitud de los elementos policiacos para aplicar los protocolos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

¿Denunciar estos hechos? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Usted confía en alguna instancia de gobierno? ¿Cree que sea efectiva la procuración de justicia en Michoacán? ¿Está seguro que no será tratado como delincuente si acude en busca de justicia, más aun si se atreve a actuar en contra de algún integrante de la misma pandilla? Se lo dejo a la reflexión… No proceden siquiera contra Juan Carlos Campos, que públicamente confesó su colaboración con el crimen organizado, y hoy es precandidato y se reúne a pactar con otros delincuentes de su partido, que también aspiran y se promueven como inmaculados.

Pero lo más sorprendente, es la habilidad de la Policía michoacana para detener profesores, indígenas y estudiantes, pero sobre todo para ultrajar a la población con aparatosos operativos que jamás se aplican en contra de los verdaderos criminales y si se realizan, no logran los mismos objetivos, de ser así no habría tanta inseguridad y las mafias no estarían conquistando territorios cada día. Esas acciones “implacable” deben dirigirse en contra de los responsables del quebranto financiero del Estado, no en perjuicio de los despojados de sus derechos, que sólo están exigiendo justicia y lo que por ley les corresponde.

Si se combatiera a los delincuentes y corruptos, en lugar de distraerse en perseguir inocentes, Michoacán sería otro, disminuirían y tal vez se acabarían las manifestaciones de protesta, pues no habría motivos, ni causas que las incentivaran. Antes de exigir respeto, ellos, que son nuestros empleados, debería comenzar por respetar y cumplir sus obligaciones, que para eso se les paga, no para andar fastidiando a quienes les dan de comer, y mucho más.

Es, a todas luces, claro que las fuerzas represivas del Estado han equivocado la estrategia y si no se pone un alto, las consecuencias políticas y sociales serán desastrosas, no se diga las electorales.

También resulta obvio que los adversarios políticos del gobernador Aureoles y los enemigos que operan desde las sombras, deben estar satisfechos con la “labor” que realizan tanto la Secretaria de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia, que se proyectan como los más férreos detractores del trabajo e imagen del político zitacuarense, quien siempre se había caracterizado por anteponer el diálogo y la conciliación a la agresión; pero sus colaboradores se perciben sedientos, no sólo de dinero, también de sangre:

Arantepacua, Normal Rural Vasco de Quiroga, los dos presuntos ladrones que “murieron” al caer de la camioneta cuando eran trasladados al ministerio público en Morelia, por cierto uno de los fallecidos originario de Zitácuaro, son algunos de los pendientes que tienen los titulares de la SSP con la justicia y con los michoacanos. Convirtiéndose ambas dependencias: SSE y PGJE en el peor lastre de la presente administración, desde sus inicios. Y ¿Así no quieren protestas? ¿Pues de qué creen que está hecha la raza para que no sienta, ni se indigne?

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