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                                                 POLICIAS CON VOCACION CRIMINAL

Ya hemos insistido, en otras colaboraciones, en que la línea que separa al policía del criminal es tan delgada, que llega a confundirse al servidor público responsable de proporcionar las garantías de seguridad y proteger la integridad del gobernado, con quienes se dedican a transgredir la legalidad.

Por esa fragilidad en la convicción ética para tutelar el estado derecho y tolerar la seducción de pasar al bando equivocado, es que son precisamente los mandos policiacos los primeros en ser sometidos por los grupos criminales y capos de las mafias, cuando no son precisamente los funcionarios del estado quienes acuden en busca de los criminales para ponerse a sus órdenes. Actuando los jefes policiacos y sus elementos como informantes, “antenas” y sicarios al servicio de los grupos delictivos, por ello la afirmación de que no puede concebirse la existencia, fortalecimiento y expansión de grupos criminales sin la complicidad, ni colaboración del gobierno.

El mejor ejemplo de lo antes descrito, es lo que padecimos en la etapa oscura del pasado inmediato, que no termina de acabarse, donde las corporaciones de seguridad, de todos los órdenes y niveles, fueron empinadas y penetradas impunemente, mientras instituciones eran ultrajadas por el crimen organizado. A pesar de ello, muchos de esos mandos y elementos siguen en funciones, activos en la actualidad, causando daños irreparables a la sociedad y contaminado con sus vicios al resto de los elementos.

Muchos de esos criminales, disfrazados de policías, llegaron a Michoacán con Alfredo Castillo Cervantes, con el único propósito de saquear los bienes de los michoacanos, permaneciendo hasta la fecha incrustados en la Procuraduría General de Justica del Estado y en la Secretaria de Seguridad Publica de Michoacán, luego de armar y uniformar a grupos delincuenciales, para institucionalizar a la delincuencia organizada que a la fecha opera en ciertas regiones del estado, cuyos cabecillas afirman seguir siendo apoyados por el gobierno, deteriorando con ello la imagen del poder ejecutivo estatal.

Ante las embestidas del ejecutivo estatal para erradicar a los grupos armados de  los territorios donde estos operan, los cabecillas han pretendido presionar acuerdos o pactos que les permitan impunidad, atreviéndose a señalar que el gobierno de Michoacán ha intentado financiarlos económicamente para lograr la paz en las regiones dónde ellos se encuentran asentados. En respuesta el gobernador Aureoles aseguró que no habrá tregua, cuartel, clemencia, ni concesiones a quienes busquen hacer justicia por sus propias manos y vulneren la paz pública.

Posterior a la declaración del mandatario, en la capital del estado apareció otra “narco manta”, donde se acusa a jefes policiacos de recibir dinero a cambio de protección para las bandas delictivas. En dicha manta se citan nombre de mandos que incluso estuvieron en la región de Zitácuaro y efectivamente se dedicaron a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y establecimientos de “giros rojos”, como “cachimbas”, negocios de maquinitas tragamonedas, piratería, tala montes, entre muchos otros.

Pero eso no es lo más delicado. Lo realmente grave, además de la impunidad que fomenta conductas antisociales, es que esas prácticas perniciosas de los funcionarios policiacos son imitadas por elementos de menor rango, que se han estado integrando en pequeñas células delictivas. Como la que el pasado lunes privo de la libertad y posteriormente de la vida a una persona de esta ciudad (Zitácuaro), donde entre los supuestos homicidas se encuentran dos policías municipales de Zitácuaro, que a punto estuvieron de ser dejados en libertad.

LA FISCALIA OCULTA INFORMACION O LA PROPORCIONA IMPRECISA

Además de las continuas extorsiones, en las Fiscalía Regional de Justicia es común el tráfico de influencias, el comercio de información, la presencia de funcionarios que amparados en el compadrazgo político descaradamente han robado dinero incautado, en resguardo o asegurado, pasando por policías ministeriales que detienen vehículos acusando de robo a sus propietarios y en un descuido de estos, al estar declarando ante el MP, los mismo policías alteran los números de serie, elementos que privan de la libertad y secuestran, fabrican y siembran evidencias para incriminar inocentes, se coluden por dinero con cabecillas del crimen organizado, hasta altos funcionarios que también por dinero dejan en libertad a políticos procesados por secuestro y homicidio.

La mañana del lunes, un zitacuarense fue levantado en su domicilio por cuatro sujetos, poco después fue localizado malherido por impactos de arma de fuego y pereció debido a la gravedad de las lesiones, según el parte oficial.

El mismo boletín, emitido por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, hace referencia (en dos ocasiones), que la víctima, en febrero del presente año fue arrestado en Jalisco, por su presunta participación en un enfrentamiento a balazos derivado de la venta de drogas.

Esta última parte del comunicado oficial molestó a lectores de El Despertar, por la imprecisión de la información, ya que la imputación hecha al fallecido no ocurrió en 2018 (ni siquiera en 2017), como lo asegura la PGJE, si no hace más de cinco años.

Pero el malestar se originó particularmente por pretender con ese comunicado criminalizar al occiso. Adjudicando los lectores, por desconocimiento, la autoría de dicha información a este medio de comunicación, al ignorar que la legislación, en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para proteger la “presunción de inocencia” y no obstruir la impartición de justicia, nos ha limitado como medios de comunicación el trabajo periodístico de investigación policiaca y tenemos que sujetarnos exclusivamente a la información que nos proporcionan los organismos oficiales.

Independientemente de la animadversión que dicha imprecisión informativa causó en contra El Despertar en redes sociales, es evidente el dolo que la Procuraduría manifiesta en la emisión de información tendenciosa, en cambio oculta datos cuando se trata de imputaciones en contra de personajes con poder político o económico. Por ejemplo, hace unos días fue del dominio público la detención de cierto Notario Público, acusado de falsificación y uso de documentos falsos, y dicha información jamás se proporcionó a los medios de comunicación, al menos no al nuestro.

                                      LISTAS LAS PLANILLAS A LA PRESIDENCIA DE ZITACUARO

   Ya han quedado integradas, registradas y listas para competir las planillas que se disputarán el control de los recursos públicos del municipio de Zitácuaro, mismas que iniciarán campaña con tal propósito a partir del 14 de mayo.

Así tenemos que por la coalición, que integran el PRD-PAN y MC, quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Herrera Tello.

Síndico: Myrna Merlos Ayllon.

Suplente: Kenia del Carmen García Lemus.

Regidor 1: Moisés Salazar Esquivel.

Suplente: Roberto Correa Merlos.

Regidor 2: María Elena Medina Castro.

Suplente: Juana Mondragón Monroy.

Regidor 3: Rigoberto Gómez Fuentes.

Suplente: Damián Mancilla García.

Regidor 4: Erika Karina Alvarado Alcántar.

Suplente: Erandani González Rodríguez.

Regidor 5: Carlos Alberto Espinoza Moreno.

Suplente: Andrés Segundo Cruz.

Regidor 6: Carmina Esquivel Contreras.

Suplente: María de la Luz Valdés Cruz.

Regidor 7: Patricio Contreras Marín.

Suplente: Lázaro Gabriel González.

Morena- PT:

Presidenta: Rosa María Salinas Téllez.

Síndico: Francisco Javier Rojas Vera.

Suplente: José Manuel Jaramillo Franco.

Regidor 1: Neli Berenice Bernal Martínez.

Suplente: Martha Ramírez García.

Regidor 2: Roberto Cenobio Solís.

Suplente: Mario Andrés Castillo.

Regidor 3: Juana Blanca Sánchez.

Suplente: Antonia Blancas Sánchez.

Regidor 4: Julio Cesar Vaca Camargo.

Suplente: Martin Andrade Gutiérrez.

Regidor 5: Eréndira Hernández Serrano.

Suplente: Jazmín Cambrón Ramírez.

Regidor 6: Sergio Ilioneo Colín Mosqueda.

Suplente: Gerardo Carlón Soto.

Regidor 7: José Pilar Ayala Zamudio.

Suplente: José Arley Moreno Luna.

Planilla del PRI

Presidente: Leopoldo Martínez Morales.

Síndico: Araceli Salas Rubio.

Suplente: Lilia Mirna Hope Gómez.

Regidor 1: Aldo Gabriel Argueta Martínez.

Suplente: José Manuel Rivera Barros.

Regidor 2: María del Rocío Chávez Sandoval.

Suplente: Norma Irma Ramos Hernández.

Regidor 3: José Luis Esteban Jiménez.

Suplente: José Luis Zúñiga Martínez.

Regidor 4: Wendy Gizeh Garibay Espinoza.

Suplente: Isaac Pérez Gallegos Coria.

Regidor 5: Jaime Sereno Avilés.

Suplente: Alejandro Sánchez Medina.

Regidor 6: María Teresa Huerta Padilla.

Suplente: Gloria Hernández Zurita.

Regidor 7: Adriana del Carmen González Rivera.

Suplente: Héctor Abud Ochoa.

Seguramente habrá el registro de más planillas, pero entre estas tres será la disputa real. En una de ellas caerá la responsabilidad de gobernar el municipio de Zitácuaro.

La encabezada por Carlos Herrera, aunque se percibe la adhesión del PAN, se incorporó en ella a perredistas sin el mérito, ni el liderazgo suficiente para representar a los zitacuarenses. Además de algunos perfiles totalmente desconocidos.

En la del PRI, es clara la unificación de fuerzas (falta que sea real, pues en el tricolor es constante la simulación). Se nota con claridad la incorporación de integrantes de los grupos con mayor poderío: Chon Orihuela, su sobrino Juan Antonio Ixtlahuac, los Chávez Hernández y Campos Ponce.

En la de MORENA quedaron excluidos sus fundadores y algunos operadores, como Mario Vallejo, Sergio Vergara, los Rivera, Ávila; en tanto que Mary Carmen, la candidata a diputada federal, metió a su hermana en la primera posición; es decir, Nelli Bernal Martínez es ya regidora.

Aunque todavía no es información oficial, ha trascendido que el ex alcalde Juan Carlos Campos Ponce, además de proyectar inicialmente la candidatura en MORENA  y financiar económicamente al abanderado del PRI, se ha apoderado del Partido Verde Ecologista de México, donde impulsaría a un incondicional como contendiente a la presidencia municipal e impondría a su esposa como primer regidora. Situación, de concretarse, podría ser impugnada, ya que Patricia Ramírez del Valle es integrante del cabildo actual, y aunque la legislación vigente permite la reelección para el mismo cargo, este debe ser por el mismo partido que la llevó al poder, no por uno diferente. Pero ya serán los expertos en la materia los que diriman la controversia.

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