Michoacán, la “piedrita en el zapato” de la Ley de Seguridad Interior

Semanas de controversia le precedieron a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior el pasado 15 de diciembre. La principal característica de esta, es que regula la participación del ejército mexicano en labores de prevención en materia de seguridad; pero en Michoacán, la experiencia con el trabajo de esta institución no ha acabado de ser grata, y el rechazo de los pueblos indígenas es una de las muestras de ello.
Primero con la aprobación por parte de los diputados federales, luego con el aval de los senadores de la República y finalmente con su promulgación y entrada en vigor, que se dio hace casi un mes, la Ley de seguridad Interior se ha mantenido como un tema de discusión, señalamientos y controversia.
Esta iniciativa establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.
Organizaciones no gubernamentales del país, incluso de otras partes del mundo, que son dedicadas a la defensa de derechos humanos, se pronunciaron en contra del dictamen, que fue impulsado por el PRI, al considerar que abre la puerta a la militarización de la nación, y potenciales violaciones a las garantías de los ciudadanos.
En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior; es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.
Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior”.
Pero en el artículo 16, también se establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
En el artículo 7, se establece que “los actos realizados por las autoridades, con motivo de la aplicación de esta Ley, deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
El artículo 8 indica que, “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, que se realicen pacíficamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
Pero la Organización de las Naciones Unidas señaló que esta ley “carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.” Siendo uno de los principales argumentos por los que sus expertos pidieron al Estado mexicano que rechazara la ley.
“Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles», señalan en una declaración conjunta.
“Carece de mecanismos sólidos de control”. Por ejemplo, no prevé que haya supervisión civil de las actividades de inteligencia y categoriza toda la información que recaben esas agencias, como de Seguridad Nacional, lo que “la excluye de las leyes de transparencia, apartándola del escrutinio público.” Mencionaron también.
Otra situación que expusieron como inquietante los expertos de la ONU, es que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos, “y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza”.
Pese a que estas observaciones se hicieron antes de la votación por parte del senado de la república, no hubo mayores adaptaciones y la ley, incluso ya está publicada en el diario Oficial de la Federación, lo que le ha hecho iniciar su vigencia.
El académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Jorge Álvarez Banderas, le concede a Enrique Peña Nieto mayores atribuciones que las contenidas en el art 29 Constitucional, bajo el cobijo de considerar que las autoridades competentes se encuentren disminuidas para actuar, lo que considera uno de los puntos más inquietantes de la ley.
El mismo catedrático también cuestionó: “¿Quien define jurídicamente lo que es una ‘movilización de protesta social’? la Ley de Seguridad Interior no lo hace, solo señala que este tipo de movilizaciones bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior”.
EL NO MUY GRATO ANTECEDENTE MICHOACANO
En 2013 se dio el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, que mantenían una cierta tensión con las fuerzas armadas que frenaban su el avance a diferentes municipios de la entidad, y a finales del año Zicuirán fue lugar de uno de los primeros ataques armados del ejército contra los grupos de autodefensa.
Para el arranque de 2014, la acción de desarme se empezó por parte de las fuerzas militares y con ello nuevos y más dramáticos enfrentamientos, como el sucedido en Antúnez, el 13 de enero, cuando tropas del ejército arribaron a dicha población y ante la resistencia de esta, para permitirles el arribo, se dispararon las armas, que resultó en un saldo de cuatro muertos y el primer enfrentamiento de este tipo registrado en video.
Estas incursiones de militares en los municipios ocupados por los autodefensas se dieron luego del exhorto del Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, de que regresaran a sus lugares de origen y retornar a sus actividades.
Para entonces la imagen de la milicia en tierras michoacanas tuvo un declive, no sólo por su oposición a los grupos de autodefensa, sino también por los “papelones” que hicieron, como cuando anunciaron una “segunda muerte” de Nazario Moreno Gonzáles “el chayo”, pues en 2009 este mismo deceso ya había sido anunciado.
Con el antecedente de las detenciones de Hipólito Mora y José Manuel Mireles Valverde, en julio de 2015, el ejército mexicano emprendió una acción para detener a otro líder autodefensa: Cemeí Verdía, quien coordinaba las acciones de los grupos de autodefensa en la costa michoacana. La detención se dio en Aquila Michoacán, donde se preveía una reunión de miembros de estas organizaciones.
Comuneros de Ostula (perteneciente a la cabecera municipal de Aquila), junto a otros habitantes, al enterarse de la acción iniciaron manifestaciones y su desplazamiento con rumbo al lugar de la detención del líder autodefensa, pero en el trayecto fueron interceptados por elementos castrenses que abrieron fuego en su contra, el resultado fue de tres civiles lesionados y otros tres muertos, de los cuales dos eran menores de edad.
Las imágenes de fallecidos y heridos rápidamente se dispersaron por las redes sociales, de inmediato las reacciones se dieron por diversos sectores, excepto el gobierno estatal, encabezado por Salvador Jara Guerrero, que en un primer momento incluso negó el hecho.
Tampoco se puede dejar de mencionar que en 2015, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación 3/2015, emitida a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Gobierno de Michoacán y Gobierno municipal de Apatzingán, reconoció uso excesivo de la fuerza, causa principal de la muerte de cinco personas, y ejecución extrajudicial en el caso de otra de las víctimas fallecidas, que sucedió en enero de ese año en Apatzingán.
10 AÑOS Y MÁS DE MIL QUEJAS
En Michoacán hay un registro de mil 817 quejas presentadas en los últimos diez años contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano, estas se han derivado de detenciones, cateos y visitas domiciliarias ilegales, empleo arbitrario de la fuerza pública y abuso de autoridad.
Se trata del periodo que ha transcurrido desde que Felipe Calderón Hinojosa inició su “guerra contra el narco”.
Aunque se debe mencionar que mientras en 2007 se registraron 127 quejas contra las fuerzas castrenses, para 2016 se logró reducir a sólo seis quejas en toda la entidad.
El año más difícil en este aspecto, fue 2009, ya que se registraron 406 quejas contra elementos del Ejército Mexicano, pero esta vez encabezó Zitácuaro, con 107 quejas presentadas; seguida de Apatzingán, con 101; Morelia, 81; Zamora, 54; Uruapan, 38 y Lázaro Cárdenas, 10.
HUELLA DE MUERTE
Pero igualmente se debe mencionar que la incursión de los grupos militares en las labores de seguridad civil han dejado cifras negras en las filas de la milicia, pues durante la llamada “lucha contra el narcotráfico” ha dejado un saldo de 530 militares muertos, en un periodo de casi 10 años.
En Michoacán han sido 58 militares caídos por el combate a la Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios, mientras que en Guerreo han aumentado los ataques contra personal de la SEDENA dejando 53 elementos muertos.
PERO EL RECHAZO SE MANIFESTÓ EN EL ESTADO
En Michoacán, las áreas en donde persisten los grupos u organizaciones de autodefensas, son en las que ya se han pronunciado públicamente en rechazo a la Ley de Seguridad Interior.
Más de 13 comunidades indígenas, de los pueblos originarios que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, habían solicitado al Senado de la República que haga una consulta sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, antes de que fuera aprobada. Consideraron que tiene que haber una consulta previa e informada tras considerar que es una medida violatoria a su derecho colectivo, inconstitucional y tendiente a militarizar el país.
Estas comunidades se basaron en el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se especifica que los estados tienen que consultarlos en caso de que se utilice su territorio con fines militares.
“No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”, dice el documento del órgano internacional.
También, mediante un comunicado, los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec, que conforman el llamado Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán, se pronunciaron contra esta ley.
“Porque constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedido a las fuerzas armadas de México y a su comandante supremo, el presidente de la república. Esta ley pretende entregar capacidades inimpugnables a los mandos castrenses y continuar con la militarización del territorio nacional”, expusieron en su documento.
Igualmente en la misiva rememoraron los hechos de julio de 2015 en Ostula, los cuales ya se mencionaron en párrafos atrás.
“La seguridad interior no es lo mismo que la seguridad pública; la seguridad pública tiene como fin defender a las personas, mientras que la seguridad interior tiene como fin proteger a las instituciones del Estado. La Ley que se ha aprobado es una ley contra las personas”, expresan también.
LOS RESPONSABLES EN MICHOACÁN
No está por demás mencionar que hubo manos levantadas de legisladores michoacanos, quienes deben quedar mencionados ante las posibilidades de lo que suceda en un futuro con la aplicación de esta ley.
En el senado de la república, fueron los priistas José Ascensión Orihuela y Roció Pineda Gochi, el primero ya tuvo fama por aquella llegada a bordo de un Porsche de casi dos millones de pesos a una reunión con Enrique Peña Nieto, que en esos días apenas había sido electo como presidente de México.
En el caso de Pienda Gochi, su nombre es recordado sobre todo en la capital michoacana, pues fue quien sustituyó a Fausto Vallejo Figueroa en la alcaldía moreliana, cuando este renunció para buscar la gubernatura.
En el caso de los diputados, fueron Alanís Pedraza Ángel II, del Partido Revolucionario Institucional, además de los priistas Marco Polo Aguirre Chávez, Alfredo Anaya Orozco, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Salomón Fernando Rosales Reyes y Víctor Manuel Silva Tejeda. Este último, reciente contendiente a la gubernatura michoacana y ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

Si hay una entidad en el país donde se conoce de la intervención militar en las calles y carreteras, es Michoacán, sus antecedentes no son del todo gratos, y la entrada en vigor de la nueva ley, combinada con la álgida situación social de la entidad, merece atención.