SINOPSIS POLITICA 1120

JUAN CARLOS CAMPOS y SUS JUDAS

   Cuando Juan Carlos Campos ostentaba poder político y distraía por raudales los recursos públicos destinados al desarrollo de Zitácuaro, hacía que con migajas sus lacayos le llamaran “señor” y a un chasquido de sus dedos todos, sin excepción, cual perros ansiosos de sobras se postraran a sus pies.

Hoy todos lo abandonan, muchos le dan la espalda, lo ignoran y los más crueles e ingratos cobardemente se han convertido en su contra, buscando protección a sus raterías negocian proporcionando información, datos, aportando pruebas incriminatorias en perjuicio de su anterior benefactor o simplemente tratan de congraciarse con quienes en la actualidad tienen el poder para intentar salvar el pellejo de la prisión o conservar el producto de la rapiña. Lo que difícilmente sucederá, ya que la vorágine de la corrupción los envolvió a todos y todos deberán pagar.

La tarde del martes pasado, el ex alcalde Juan Carlos Campos Ponce (a quien el 13 de octubre se le declaró procedente juicio político en su contra por nepotismo y por no haber entregado las cuotas del ISSSTE retenidas a los trabajadores del municipio), convocó a sus seguidores, aliados y socios a una reunión en conocido restaurant de Zitácuaro. Pero sólo seis personas acudieron al llamado del otrora poderoso político; entre ellos su fiel escudero, Fernando Terán Huerta, ex síndico y responsable del patrimonio municipal durante el periodo gubernamental de su socio y amigo. El resto de los presentes, son personas desconocidas en el ámbito público.

Frente a sus convocados y tratando de simular la angustia que lo agobia, Campos Ponce reveló que no es grave el proceso que se le instruye, pues los diputados del Congreso de Michoacán cometieron tres errores, siendo uno de ellos notificarle de manera extemporánea la declaración de procedencia del juicio político, por lo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca del amparo y protección de Tribunales Internacionales para que salvaguarden sus garantías individuales. Informó también, a sus seis interlocutores, que es el ayuntamiento de Zitácuaro el culpable de las acciones legales en su contra.

El falso optimismo del señor ex alcalde, es entendible. Ya hemos explicado que precisamente su sorprendente habilidad para mentir, su inaudita perseverancia para sostener sus embustes, que en ocasiones parece que él mismo los cree, así como la serenidad con la que enfrenta las acusaciones y embestidas jurídicas, han sido sus principales armas. Pero esta vez sabe perfectamente que es distinto, no sólo tiene a políticos de su propio partido, gobiernos y funcionarios en contra, también a sus antes aliados, socios, amigos y subordinados.

El ex munícipe sabe que el asunto menos delicado o perjudicial a sus intereses, es el juicio que se le instruye en la Cámara de Diputados, ya que es de carácter político-administrativo, donde lo peor que le podría suceder es que se le imponga una sanción económica o multa por sus tropelías y se le inhabilite para ejercer cargos públicos durante determinado periodo de tiempo, pero ¿A quién en su condición, con tantos millones de pesos sustraídos, le podría interesar trabajar? Amenazarlo con la inhabilitación para ocupar cargos, para Campos Ponce es como tratar de castigarlo enviándolo de vacaciones a Las Vegas, con gastos pagados.

Él, robó lo suficiente para no volver a trabajar jamás en su vida. Si lo hace, es por puro capricho o para despistar “al enemigo”. Respecto a la multa que se le podría imponer, ya sabemos que las leyes son flexibles y las autoridades indulgentes con quienes poseen poder político y/o económico; por ejemplo, a Rodrigo Vallejo Mora, por ser socio y aliado de cabecillas del crimen organizado lo castigaron con una fianza de siete mil pesos, mientras que las personas que arriesgaron su vida para librarnos a todos los michoacanos de esas lacras, tienen que pagar 120 mil pesos para recuperar su libertad, cuando deberían ser considerados héroes, por cumplir obligaciones que competen al gobierno y hacer lo que el Estado fue incapaz de realizar o no quiso.

La inhabilitación, tampoco perjudicaría políticamente a Juan Carlos Campos. Hoy está en las mismas condiciones y circunstancias de los tradicionales caciques del pueblo; los ya quemados, ineptos para hacer política por ignorantes o públicamente conocidos por depravados, esos que la raza repudia, pero que cuentan con capital monetario, elemento tan codiciado por los políticos muertos de hambre, que lo necesitan para financiar sus campañas electorales, por carecer de creatividad, credibilidad y propuestas viables.

Con esa herramienta (dinero) Campos Ponce puede impulsar proyectos políticos y manejar los hilos tras bambalinas, mandar tras el trono. Eso puede hacer, luego de no haber logrado la tan anhelada diputación federal que le hubiese concedido fuero y después de que sus socios y aliados sólo le dejaran la regiduría para su señora esposa.

En resumen, las acciones legales emprendidas contra el ex presidente de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, en el Congreso de Michoacán, no son delicadas, no le provocarán consecuencias adversas difíciles. Menos, considerando el daño causado al patrimonio e integridad de los zitacuarenses.

Graves, serían los resultados de las investigaciones de tipo penal y fiscal, que pudiesen realizarle. Insisto, el juicio político es sólo por nepotismo y los aviadores, a pesar de existir al menos dos denuncias penales en su contra: una por peculado y otra por enriquecimiento ilícito, que tal vez nadie ha reparado en ellas, menos exigido a la autoridad respectiva se aplique a la indagatoria de ambas. Tampoco se ha percibido interés ciudadano por denunciar otros ilícitos, de los muchos cometidos durante esa funesta administración.

Si el interés por transparentar el ejercicio gubernamental del priista Campos Ponce, es real, los tres niveles de gobierno y los respectivos poderes deberán coordinarse y enfocarse en ello.

Es obligación del gobierno municipal actual fiscalizar y aportar todos los elementos de prueba a su alcance, solicitar auditorias y denunciar anomalías. La Fiscalía Anticorrupción tiene que investigar, de acuerdo a audios, testimoniales y todo elemento de prueba, la veracidad de las declaraciones del ex alcalde, donde afirma que él colaboraba con el crimen organizado, proporcionándole dinero del municipio para financiar sus actividades delictivas, entre otras conductas criminales que se le adjudican.

En tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe investigar el patrimonio de Campos Ponce, como es que se ha convertido en persona acaudalada, si jamás ha sido productivo, nunca ha trabajado en la iniciativa privada (sólo vendiendo colchones y fracasó), luego entonces el origen de su capital es el servicio público; el cual, sí se ejerce honradamente, no proporciona tanta riqueza material, en tan poco tiempo.

Hemos reiterado que las pruebas de corrupción de la administración municipal priista son muchas, contundentes e inobjetables. Aun así el ex munícipe tuvo oportunidad de desvanecer algunas y ocultar otras, pero la arrogancia, que pierde a la mayoría de los político con poder, lo dañó, haciéndole creer una realidad distinta: que los cargos de poder son permanentes, cuando en verdad son efímeros e imborrables las consecuencias negativas.

Hoy, si la sociedad zitacuarense asume con responsabilidad su deber cívico, para sentar un precedente histórico de castigo a la frivolidad, depravación, abusos, excesos en el ejercicio público y combate a la impunidad, difícilmente las corruptelas cometidas por Juan Carlos Campos Ponce y colaboradores quedarán sin castigo, siendo obligados a retribuir al municipio el producto de la rapiña, así como recibir todos ellos castigos ejemplares de pena corporal, para que se les quite la maña de apropiarse lo ajeno y los gobernantes presentes pongan también sus “barbas a remojar”.

Ni los encumbrados políticos, socios de Campos, que han tolerado y tutelado sus latrocinios, podrán interceder por él para intentar ayudarlo, sin ser objeto del escarnio público por cómplices. Nadie se expondrá, está solo con sus millones mal habidos y lo sabe. Ha trascendido tanto su escandalosa conducta delictiva, que se ha colocado en medio de los reflectores, incluso nacionales y el dinero solamente le servirá para atraer a los vividores de su calaña, que con embustes le venderán la idea de salvarlo, pero nada más para arrebatarle parte del botín.

Nadie quiere ayudarle, más bien usaran su “desgracia” para tratar de reivindicar lo que queda de su partido. Además, aunque quisieran auxiliarlo, no pueden, ni el mismo presidente de la república, pues como el mismo Campos Ponce lo ha dicho, hay Tribunales Internacionales y no querrán chamuscar todavía más al gobierno mexicano por un delincuentillo de poca mota, cuando no lo hicieron por Javier Duarte, benefactor de Peña Nieto y a quien el presidente de México calificó de político ejemplar.

Quien lo ayude podría encontrar no sólo el repudio popular, también la furia del PRI y del gobierno. Al menos así ha quedado de manifiesto durante la reciente visita de Enrique Ochoa Reza (dirigente nacional tricolor) a Michoacán, quien al ser entrevistado respecto al tema, amenazó con investigar al presidente del CDE del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, para deslindarlo de una posible relación de protección al corrompido ex mandatario zitacuarense. Lo que no será difícil probar, si también tienen voluntad.

Lo cierto es que Campos Ponce se encuentra en el pantano, donde por voluntad propia se colocó y a nadie puede culpar, sólo a su ambición desmedida y ausencia de escrúpulos. Ahí, entre más se mueva, más pronto terminará de hundirse. Sólo le resta concentrarse en su defensa legal y dejar de hacer olas. Aguantar las consecuencias de su libre albedrío. En tanto que la autoridad debe emplear el principio de la prontitud jurídica y aplicar todas las medidas de apremio necesarias, para que no suceda lo que ha pasado con otros saqueadores de los bienes públicos, a quienes por la negligencia, irresponsabilidad o complicidad del gobierno, se encuentran sustraídos de la justicia, pues “intentan” aprehenderlos cuando han abandonado el país.