SINOPSIS POLITICA 09/03/2019

INEPTITUD E IMPUNIDAD EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Además de la corrupción, que ya es común, otra de las debilidades que el recién nombrado Fiscal General del Estado encontrará en dicha dependencia, es la falta de instrucción, conocimiento y pericia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo que, a su vez, trae como consecuencia que la inmensa mayoría de presuntos infractores no sean vinculados a proceso y consigan su inmediata libertad, fortaleciendo así la impunidad e incrementando el peligro de la sociedad, al tener un creciente número de delincuentes en la calle.

Es decir, la población de Michoacán no sólo padece a una policía estatal plagada de violentos infractores en sus filas, que emplean la tortura como método de investigación criminal. También una Fiscalía Regional de Justicia, Ministerios Públicos y Policía Ministerial sin la capacidad de reunir los elementos de prueba suficientes para que los imputados permanezcan en prisión. En nuestro estado, de acuerdo al “Índice Global de Impunidad en México 2018”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sólo el 4% de las averiguaciones previas por homicidio termina en sentencia condenatoria.

Mientras que, en Zitácuaro, desde hace meses, decenas de “presuntos” delincuentes, algunos de ellos detenidos en flagrancia, han logrado su libertad en el termino de las 48 con relativa facilidad, y casi nadie de los aprehendidos, responsables o no de conductas delictivas, a sido vinculado a proceso.

Los casos más emblemáticos de esos sucesos graves de impunidad son, por citar algunos ejemplos:

El linchamiento de cinco personas en Crescencio Morales; cuyo escándalo por la negligencia de las autoridades, que omitieron actuar para impedir la multitudinaria ejecución, incitó al gobernador a empeñar su palabra, asegurando que dicho crimen sería esclarecido y detenidos los responsables, tanto intelectuales como materiales, así como los funcionarios omisos. Nada ha pasado y el trágico episodio ya casi se olvida.

Otro caso de ineptitud de la policía investigadora y del representante social, para esclarecer conductas delictivas en crímenes de impacto, tiene que ver con el “levantón” de cinco policías municipales de Tuzantla, que aparecerían asesinados una semana después en Zitácuaro. Donde el gobernador volvió a empeñar su palabra de que los responsables del múltiple asesinato serían aprehendidos. Declaración emitida durante un aparatoso operativo se seguridad. Al día siguiente de iniciado el mismo (en plena movilización policiaca), un sujeto apareció ejecutado en las inmediaciones de la zona urbana, por el rumbo del tiradero de basura, exhibiendo la ineficacia para inhibir la inseguridad y violencia que amenaza permanentemente a la población de la región.

Pero a la fecha nada ha sido aclarado, ni la multitudinaria ejecución de policías, ni el asesinato perpetrado en pleno operativo policiaco. Menos ha habido detenidos.

Un suceso más, que muestra la impericia policiaca para investigar ilícitos y al mismo tiempo exhibe la brutalidad con la que se ultraja la integridad de los detenidos, violentando salvajemente los derechos humanos, incurriendo en detenciones arbitrarias, que favorecen la libertad anticipada de posibles infractores, fue la detención de una supuesta banda de secuestradores, integrada por seis miembros.

Acción que fue alardeada por la autoridad como un éxito, pero la mayoría de los integrantes de la “peligrosa banda de secuestradores” resultaron menores de edad y una adolescente fue violada frente a sus padres y hermanos para arrancarles confesiones. Existiendo además firmes sospechas de que los supuestos secuestrados fueron “sembrados” en la escena del crimen por la misma policía, donde uno de los presuntos plagiados fue encontrado muerto. De los seis detenidos por secuestro, sólo dos fueron vinculados a proceso, persistiendo la posibilidad de error en la imputación, que, probablemente se trate de un infractor, pero no del delito que se le atribuye.

Otra presunta banda de secuestradores, integrada por siete sujetos, entre ellos dos mujeres, fue aprehendida la semana pasada. Mismos que, de nueva cuenta, de manera anticipada se pronosticaba serían liberados en el termino de las 48 horas; por las irregularidades cometidas durante la aprehensión, como la detención ilegal, la típica tortura, pero especialmente por resultar increíble la teoría del caso, “inverosímil” dirían los abogados.

Así como la impericia de los Fiscales para acreditar la responsabilidad penal y reunir los elementos de prueba suficientes para que el Juez pueda vincular a proceso, sin incluir puestas a disposición extemporáneas, la contaminación de las escenas del crimen, fabricar y sembrar evidencias, inculpar por error o dolo a la persona equivocada, inconsistencias en el tipo penal, mentir para exagerar las conductas delictivas, entre otras conductas que facilitan la libertad de los detenidos.

Pretendiendo impactar mediáticamente en la sociedad de la región oriente y tierra caliente, la Fiscalía Regional de Justicia intentó simular que había asentado un gran golpe en las estructuras crímenes y difundió que se había detenido a otra banda de secuestradores, quienes tenían retenido a un ciudadano, al que, según la información oficial, le habían quitado chivos, borregos y marranos.

Por esta última versión, sin ser experto jurisconsulto, la lógica jurídica indica que no se trata de un secuestro. Tal ves el tipo penal coincida más al robo con violencia; pues la víctima fue retenida para robarle, no para secuestrarla, pues el propósito del secuestro es privar de la libertad para obtener un rescate. Por esta razón resulta inverosímil la teoría del caso del Ministerio Público.

Ante las inconsistencias para dictar una sentencia condenatoria, la parte juzgadora decretó la libertad de los siete presuntos secuestradores, orquestándose en su contra una fuerte campaña descalificativa en las redes sociales, culpándola de “corrupta y vendida”, probablemente con el propósito de distraer la atención de los verdaderos responsables de las inconsistencias. Aunque tampoco la Juez es totalmente ajena a la responsabilidad de que algunos de esos detenidos, con graves antecedentes penales, sigan en las calles; pues, sino no había elementos suficientes que acreditasen el secuestro, debió dictar algunas medidas precautorias, en los que se ahondaba en las investigaciones.