Participación Colectivo NiUnoMás Michoacán
Diálogo para impulsar una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Morelia, Michoacán 8 de junio de 2022
Tal y como lo hemos expresado anteriormente en reuniones con el Gobierno del Estado, quienes integramos el Colectivo NiUnoMás Michoacán, hoy manifestamos que nuestra participación en este Diálogo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, no parte de la “buena fe” o el voto de confianza, sino de la exigencia por el cumplimiento cabal de las responsabilidades que les mandata la Ley, así como de los pactos, convenios y tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado.
Partimos de un profundo escepticismo sobre el rumbo final de los trabajos realizados en diferentes entidades federativas del país, tomando en cuenta la intención de que la iniciativa de Ley sea presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal –que arranca en septiembre-, sin que exista aún claridad de cómo serán procesados los planteamientos y propuestas generadas a lo largo de estos Diálogos.
Por ello exigimos no caer en la simulación pretextando que la Ley fue consultada, y que la participación que periodistas y defensores de derechos humanos han realizado en estos Diálogos, se vea puntualmente reflejada en la iniciativa que habrá de turnarse al Poder Legislativo.
Resulta urgente que la Secretaría de Gobernación transparente el proceso final para la confección de la referida propuesta.
Como Colectivo NiUnoMás Michoacán nos permitimos exponer lo siguiente:
El caso de Roberto Toledo Barrera, ocurrido el pasado 31 de enero en Zitácuaro, ha pretendido ser invisibilizado por el Gobierno Federal al excluirlo de su recuento de periodistas asesinados durante este 2022, esto pese a que el compañero es víctima mortal de las amenazas que pesaban sobre el medio de comunicación –Monitor Michoacán- para el cual laboraba.
Tenemos serias dudas sobre los criterios que el Estado Mexicano sigue para determinar ¿quién es o no periodista?, ¿bajo qué valoraciones se desestima el ejercicio periodístico como posible causa de la muerte,desaparición o condición de riesgo de un compañero?.
¿Qué sucede con aquellos que desaparecen, mueren o son violentados como resultado de una acción para silenciar al medio para el que trabajan?, ¿deben ser excluidos o invisibilizados de los crímenes que se perpetran para inhibir el ejercicio periodístico?, ¿tienen menos valía porque su función es distinta a la de un reportero, fotógrafo o directivo?
Consideramos necesario que la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevea definiciones claras y precisas al respecto, tomando en cuenta que el ejercicio periodístico también se cristaliza a partir del trabajo colectivo de mujeres y hombres que lo hacen posible editando, corrigiendo, imprimiendo o distribuyendo, y que en estados como Michoacán, la experiencia demuestra que son copartícipes de los riesgos que implica la labor informativa.
En el recuento que tenemos como Colectivo NiUnoMás Michoacán, suman 14 compañeros asesinados y seis desaparecidos en el estado de 2006 a la fecha. Dos de ellos este 2022: Roberto Toledo y Armando Linares.
Previo a ser asesinado el pasado 15 de marzo, Armando manifestó su desconfianza al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la voz que alzó para denunciar ser víctima de amenazas no valió para evitar su muerte. En 2017 nuestro compañero Salvador Adame Pardo fue desaparecido y asesinado a pesar de estar bajo “la protección” del Mecanismo.
En mayo pasado una compañera del interior del estado, se enteró que estaba contemplada dentro del Mecanismo, a dos años de distancia de haber sido baleada por elementos de seguridad del Gobierno del Estado.
La efectividad del Mecanismo ha evidenciado por un lado sus deficiencias para proveer protección a los compañeros en situación de riesgo, y por otro, ha fungido como herramienta que cristaliza las intenciones de quienes buscan acallar el ejercicio periodístico.
Al ser sujetos a medidas urgentes de protección, periodistas son evacuados o reubicados temporalmente, coartando la posibilidad de continuar el ejercicio de su labor, sustraídos de su entorno, propiciando incluso el cierre de los espacios informativos en que laboran. En Michoacán tenemos ejemplos de ello.
Es fundamental que las acciones de protección a periodistas no contribuyan a la propagación de zonas de silencio, que se entienda que somos sujetos de derechos y no objetos de protección, que la supresión del ejercicio periodístico no sea condición para permanecer con vida.
Nos preocupa lo que pareciera una intención del Gobierno Federal, por despresurizarse de las responsabilidades que implica el creciente número de periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en México, buscando delegar presión a los Gobiernos de las Entidades Federativas, pese a ser éstos –en muchos de los casos- protagonistas de las agresiones a quienes ejercemos el periodismo.
En Michoacán hoy lo vivimos, ejemplos sobran. Desde las esferas del poder público estatal y municipal, se instrumenta como política de comunicación social la presión del dinero vía convenios de publicidad –o la promesa de éstos- para censurar periodistas, manipular hechos, tergiversar realidades, y denostar informaciones.
Las autoridades aplican a pie juntillas aquello de que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre”, claras están que el poder económico es un arma efectiva contra periodistas y que –a diferencia de una pistola- no conlleva el riesgo de procesos judiciales.
Se hacer urgente pues, que nuestro marco normativo federal prevenga y proteja los agravios emanados del poder económico ejercido por las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno, estableciendo criterios que rijan las políticas de comunicación social y de su gasto publicitario, a fin de que éstos no persistan como herramientas para inhibir el ejercicio periodístico.
Asimismo, es preciso contemplar la responsabilidad de las empresas mediáticas para con quienes en ellas trabajan, generando medidas que las obliguen al cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales.
El Estado Mexicano no debe convertirse en cómplice de las omisiones y violaciones de derechos a trabajadores por parte de dichas empresas, pretendiendo suplantar las responsabilidades que la Ley les mandata.
Coincidimos en la necesidad de que las entidades Federativas cuenten con mecanismos propios de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, como vía para una respuesta inmediata en situaciones de riesgo.
Sin embargo, sería un error que dichos Mecanismos Locales sustituyan al Federal, o sean condición necesaria para acceder a éste, tomando en cuenta que los Gobiernos Estatales son también protagonistas de violencias contra periodistas y defensores de derechos humanos, lo que –sin duda- será factor que inhiba el acceso a la protección federal cuando exista conflicto de interés.
La determinación para el acceso directo al Mecanismo Federal, omitiendo a los estatales, debe ser una ruta abierta para periodistas que vean en los Gobiernos Estatales el mayor riesgo para su integridad y para el ejercicio de su labor.
