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Septiembre de contrastes en Michoacán

Entre una historia con cicatrices que aún duelen y no se atienden, el inicio de un proceso electoral nuevamente caracterizado por el derroche, los llamados a la ayuda por parte de estados en condiciones similares a Michoacán y las peticiones de justicia en el propio territorio, septiembre de 2017 se envuelve en fuertes contrastes en nuestro estado.

CASI UNA DÉCADA Y EL RECUERDO SIGUE DOLIENDO

Las noches de 15 de septiembre dejaron de ser las mismas en aquel 2008, cuando el nombre de Michoacán circuló casi mundialmente al empuje de una tragedia, surgida de macabras mentes.

Durante la celebración de la ceremonia del Grito de Independencia de esa noche, dos granadas de fragmentación fueron lanzadas entre la multitud, de casi 30 mil personas, que se concentraba en la zona centro de la ciudad de Morelia, capital de nuestro estado.

Eran casi las 11:00 de la noche y apenas terminaban los vítores a la independencia y sus héroes, por parte del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, cuando las dos explosiones irrumpieron el fervor de la noche, para instantes después llenar de miedo y confusión a la muchedumbre.

Primero en la plaza Melchor Ocampo, casi enfrente del Palacio de Gobierno, y momentos después  en el cruce de la Avenida Francisco I. Madero Poniente con la calle Andrés Quintana Roo.

En el acto, tres personas murieron y posteriormente, a consecuencia de sus heridas, otras cinco también dejaron de existir. A este saldo se suman 132 personas heridas, varias de ellas perdieron extremidades a consecuencia del daño de las esquirlas en sus cuerpos.

No se debe olvidar que los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón y del ex gobernador Leonel Godoy ignoraron entonces información que alertaba sobre el ataque con granadas contra la población civil. Documentos oficiales del Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control, del gobierno de Michoacán, detallaron cinco amenazas de atentado que fueron recibidas entre el primero y el 12 de septiembre a través del Servicio Telefónico de Emergencias “066”, pero fueron ignoradas por las autoridades estatales y federales.

Para el 31 de agosto de 2011, durante la administración del ex gobernador Leonel Godoy Rangel, a la víctimas de los granadazos se les habían entregado una suma de 7 millones 779 mil 444 pesos, según lo reportado por el despacho del gobernador.

Estos apoyos fueron por los rubros de hospitalización, medicamentos, gastos funerarios, hospedaje, alimentación, pagos en efectivo, becas y pensiones; sin embargo, los apoyos fueron distribuidos de manera inequitativa, de modo que al menos nueve personas no tienen pensión y más de 20 víctimas directas no han recibido más que apoyos menores.

En total, el Gobierno del Estado apoyó a 91 personas, algunas de ellas solamente con terapia psicológica o surtiendo sus recetas de medicamentos básicos, mientras que otras recibieron pensiones vitalicias y becas académicas del 100 por ciento hasta la Universidad para los sobrevivientes del atentado.

 

Pero desde 2012, cuando se redujeron los apoyos con la entrada del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, las víctimas del atentado pasan todo el año sin poder acceder a los apoyos y sólo durante el mes de septiembre son recordados en una ceremonia.

Actualmente, la administración estatal solamente ha otorgado 61 mil 367 pesos, derivado de “peticiones atendidas”; es decir, las víctimas tienen que acudir a solicitar apoyos, porque de otra forma no pueden acceder a los mismo.

EL CONTRASTE DEL DISPENDIO

Por el otro lado, los procesos electorales están iniciando y con ellos el gasto en campañas que contrasta con las reservas que hay para con las víctimas de los atentados.

Para este proceso electoral el tope total de campañas definido por el Instituto Electoral de Michoacán para diputados locales y ayuntamientos es de 35 millones de pesos –dos millones más que en la elección de 2015-, y de precampañas en 6.6 millones.

El total del tope para la elección a diputados es de 35 millones 305 mil 627.71, mientras que para ayuntamientos es de 35 millones 96 mil 821.21 pesos.

Los montos antes referidos son los totales del tope y están divididos de forma distinta por cada distrito y ayuntamiento.

Ya desglosado el límite de gastos, los candidatos que tendrán un tope de 1.8 millones de pesos, son los del distrito de La Piedad; en 1.7 millones quedó el tope para los distritos de Jiquilpan y Zacapu; con 1.6 millones están Puruándiro, Paracho, Pátzcuaro y Tarímbaro; con 1.5 millones está Hidalgo y Uruapan Sur; con 1.4 millones Zamora, Los Reyes, Morelia Noroeste, Morelia Suroeste y Lázaro Cárdenas; con 1.3 millones Maravatío, Morelia Noreste, Zitácuaro, Uruapan Norte, y Morelia Sureste; y finalmente con un tope de 1.1 millones está Huetamo, Tacámbaro, Coalcomán y Apatzingán.

Esto sin contar la nada menor cantidad de comerciales en las frecuencias de radio que han contratado diputados locales y federales para promover sus acciones en la antesala de este proceso electoral, para hablar sobre sus iniciativas de ley presentadas, pero la mayoría ni siquiera se han aprobado en comisiones o no  se encuentran dictaminadas.

LA SOLIDARIDAD LLAMA

Por si no fuera suficiente la situación de contraste, los sismos del pasado 7 de septiembre que tuvieron su epicentro en Chiapas, han hecho que se requiera de la ayuda en estados con situaciones similares a la de Michoacán.

La noche del pasado 7 de septiembre, movimientos telúricos que alcanzaron los 8.2 grados Richter sacudieron el sureste mexicano, dejando un saldo de hasta ahora 92 muertos, además de pérdidas materiales cuantiosas y los requerimientos de apoyo para miles de familias, principalmente en Chiapas y Oaxaca.

El Consejo Nacional de Evaluación señaló que los cinco estados con mayor problema de acceso a la alimentación son Guerrero, con 40.6% de sus habitantes; Tabasco, 39.8%; Oaxaca 32.5%; Michoacán, 32.0%, y Veracruz, con 30.1%.

La solidaridad es requerida entonces por una entidad que también pasa dificultades en pobreza y ahora fue azotada por las condiciones naturales, pero dentro del propio Michoacán la inequidad se muestra ya presente con lo ya antes expuesto.

NO QUIEREN IMPUNIDAD

Pero además del dispendio por un lado y el olvido por otro, hay impunidad para quienes desaparecen dinero público. Recientemente se dio a conocer que un monto de 24 millones de pesos con los que se comprarían instrumentos para los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cherán y ayudarían a instalar el sistema de drenaje de la comunidad de Sevina, “desaparecieron”.

Se trataba de recursos etiquetados para unas capacitaciones que nunca se dieron por parte de una Universidad que nadie en la Meseta Purépecha conoce. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó un posible daño a la hacienda pública por 24 millones de pesos derivados de en un convenio de colaboración  firmado entre la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y una Asociación Civil nombrada Autogestión Económica y Social A.C.

La Asociación supuestamente iba a brindar servicios de capacitación a través de la Universidad Indígena Campesina (Unicam) en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). La Asociación que fue fundada en 1996, actualmente sólo cuenta con tres empleados.

Ante esta situación, los miembros del Concejo Mayor de Cherán han pedido que se investigue, se compruebe y se busque a los responsables de la desaparición de estas cantidades.

Así, septiembre en Michoacán tiene contrastes marcados y que podrían hasta avergonzar. Por un lado el olvido a las víctimas de ataques que se pudieron prevenir, por otro dispendio en campañas políticas y gastos de legisladores; agregándose el requerimiento de ayuda a similares y en otro más, la responsabilidad de buscar a los responsables de embolsarse dinero obtenido en vías oscuras.

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