Comunidades indígenas en Zitácuaro rumbo a la separación total del municipio
Comunidades indígenas en Zitácuaro rumbo a la separación total del municipio
Por Guillermo Norten
Zitácuaro, Michoacán.-El 2021 es un año significativo para las comunidades originarias de México: se cumplen cinco siglos de la caída de la Nueva Tenochtitlan y dos centurias de la consumación de la Independencia.
Ambas efemérides obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida que hay en esas comunidades, sobre todo cuando prevalecen modelos económicos y sociales que las marginan y vulneran sus tradicionales formas y costumbres de convivencia, desde las relaciones con la naturaleza hasta su alimentación y cosmovisión del mundo.
En las comunidades mazahua y otomí de cuatro tenencias y dos ejidos del municipio de Zitácuaro, en el oriente de Michoacán, se vive un clima de temor, enojo e irritación ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno y los múltiples embates de la delincuencia organizada contra la población local.
Durante un recorrido por varios puntos de esta región, rica en bosques, aguas y diversos cultivos, se huele, se siente el estado de animo de una población olvidada por gobiernos de todos los colores, durante muchos años.
Prácticamente no existe una actitud positiva hacia la clase política local, estatal o federal, que sólo hace algunos actos de presencia en tiempos electorales, en busca de votos.
En esta demarcación del oriente de Michoacán, hay más de cien localidades catalogadas como de muy alta y alta marginación, que día a día, año con año y década a década, han esperado un cambio en sus condiciones materiales de vida.
Los políticos nunca cumplen las muchas promesas que hacen en cada campaña proselitista para obtener un puesto de elección popular, comentan algunos líderes comunitarios, que integran el llamado Consejo Indígena de Seguridad de Crescencio Morales, Carpinteros, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato.
El señalamiento es pausado y sustentado con las difíciles condiciones que hay en esas comunidades originarias, condiciones que se han agravado en los últimos tiempos con la incursión de bandas delincuenciales que asaltan y extorsionan a productores de aguacate y otros pobladores de la región.
Tras varios años de constantes esfuerzos comunitarios, estos asentamientos se perfilan como uno de las más importantes del país en la producción de aguacate, además de formar gran parte de la llamada zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
El embate del crimen organizado empezó cuando precisamente en la región comenzó a despuntar el cultivo del aguacate, amén de ser un refugio ideal para las actividades clandestinas de todo tipo.
En Crescencio Morales, Carpinteros, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato no hubo un considerable desmonte para extender las áreas de cultivo de aguacate, producción que empezó a sobresalir por la cantidad y calidad del fruto.
Atentas a esta situación, agrupaciones criminales hicieron su aparición y mediante la intimidación y la violencia impusieron su ley por varios años.
Los integrantes del Consejo Indígena de Seguridad de Crescencio Morales, Carpinteros, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato estiman que en algún momento unos 300 productores de aguacate de esas comunidades fueron extorsionados.
Mencionan que los criminales llegaron a establecer cuotas de 12 mil pesos por hectárea cultivada y por cada corte (hay dos por año) del fruto. En Carpinteros hay 370 hectáreas, en Donaciano Ojeda 650, en Francisco Serrato Ejido y Comunidad 500 y en Crescencio Morales 1150.
Las autoridades locales, estatales y federales conocían esta situación por voz de los mismos pueblos originarios, pero no hicieron nada para detenerla. Es más, a algunos de ellos, particularmente al titular de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, lo acusan de complicidad con los delincuentes.
El clima de tensión fue subiendo con el paso de los días, a la par con la caída del precio del aguacate en los mercados nacional e internacional y el embate de la pandemia de la Covid 19.
La situación explotó dos semanas antes de finalizar el 2020. Bien organizados y bajo la conducción de los liderazgos locales, las comunidades cerraron accesos y enfrentaron de diversas maneras a los criminales. Unos huyeron, otros más (12) murieron. Entre la población indígena los fallecidos fueron tres.
Las comunidades levantaron de inmediato decenas de retenes, para prevenir una reacción de los criminales, pero también para obstaculizar un potencial arribo de elementos de seguridad locales, estatales y federales hacia los que no hay confianza.
En brechas y caminos principales fueron apostadas patrullas comunitarias y se decidió la integración de grupos de autodefensa en una Policía Indígena que -demandaron a la autoridad municipal- debe ser reconocida cuanto antes.
Ya, en encuentro con integrantes del cabildo local exigieron:
“Asignación directa del Presupuesto 2021 por Tenencia (comunidad y ejido) de acuerdo a las localidades integrantes del Consejo Indígena de Seguridad, teniendo como criterio el número de población y marginación. La asignación del presupuesto requiere que nos transfieran los poderes de gobierno y administrativos para la aplicación y ejecución de los recursos”.
Y que “ningún poder judicial realice o haga represalias o persecución de nuestros comuneros”.
Los líderes comunitarios no confían en una reacción positiva a sus demandas y ante un escenario de dicha naturaleza estarían preparando la declaratoria de separación definitiva del municipio, así como el bloqueo de la carretera federal y la autopista que conectan al oriente de Michoacán con el Estado de México.
No obstante que la pandemia ha ocasionado una notable caída en la movilidad social y comercial de esta demarcación, algunos aspirantes a puesto de elección popular estatal y municipal buscan a los votantes de diversas maneras, tanto en zonas rurales como en áreas urbanas.
El Consejo Indígena de Seguridad de Crescencio Morales, Carpinteros, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato no ha tenido contacto con ninguno de ellos y ninguno de esos pretendientes a cargos públicos se ha pronunciado sobre la difícil situación de inseguridad que hay en casi todas las poblaciones originarias de Zitácuaro.
El silencio pesa, dicen los líderes comunitarios y agregan que, sin embargo, ellos trabajan para que las localidades indígenas sean de una vez por todas soberanas e independientes de los tres niveles de gobierno.
