Si hay responsabilidad legal para ex presidente y actuales autoridades

Zitácuaro. – El tema que recientemente se revivió, por la compra de un terreno por 10 millones de pesos para la construcción de un fraccionamiento para los policías de este municipio, requiere la atención de las autoridades competentes, al existir responsabilidad legal por la simulación entre el ex presidente y las actuales autoridades.

En la entrega anterior de El Despertar, se dio a conocer la manera en que el ex presidente Juan Carlos Campos Ponce, pagó 10 millones de pesos por un terreno que estaba muy por debajo de ese valor. Escrituras y contratos de compraventa, demostraron la sociedad que hubo entre Alfredo Vichis, Alfredo Kuri y Carlos Herrera y a la que se sumó Campos Ponce.

De acuerdo al abogado Joel Vera Terrazas, tanto vendedores como compradores se pueden hacer acreedores a una sanción legal. Por el simple hecho de que, las entonces autoridades municipales, compraron a particulares un predio que no estaba apto para hacer un fraccionamiento, a un alto costo.

En voz del jurisconsulto, explica que hubo una simulación de actos jurídicos entre las partes. Por un lado, los vendedores caen en el delito de evasión fiscal, al no justificar esos recursos. Por otra parte, está quien compra, sobre el que recae el delito de peculado; ya que, a través de la simulación o simulacro, desviaron recursos públicos para adquirir una propiedad que no tiene ninguna utilidad pública, pero que quedó inscrita en el padrón del patrimonio municipal, sin tener ningún tipo de servicio.

Calificó el acto como un hecho delictuoso que demuestra la putrefacción que existe en el sistema que tienen las administraciones municipales, en contubernio con los regidores “vende patrias”, que aprueban este tipo de hechos a cambio de dinero o para beneficiarse de manera personal.

Estos hechos delictuosos deben ser investigados por las instancias competentes (Auditoría Superior de Michoacán y Auditoría Superior de la Federación), ya que hubo beneficiados con los recursos públicos a través del engaño, aparentando que lo hacen por medio de la legalidad, pero es todo lo contrario. Se trata de una red de corrupción, por los que presumen hablar de ética, pero en realidad son de doble moral, con la que juegan frente al pueblo.

Insistió en que también se debe hacer una revisión a la Contraloría interna del ayuntamiento; ya que, es esta oficina un filtro que revisa todas las contrataciones o a las comisiones que llevan a cabo la compra y venta de estos bienes inmuebles, que pasan a ser patrimonio municipal.

Poe ello dijo, es necesario hacerlo del conocimiento de las instancias a las que les toca investigar este hecho delictuoso, pero también es responsabilidad de los actuales regidores, principalmente de los de izquierda. “¿Que están esperando los regidores de la izquierda, los regidores de la transformación, para actuar?” “¿O esperan que, como siempre, los ciudadanos que, parados en responsabilidad, sean los que actúen?”