La segunda llamada a Campos Ponce y el silencio de sus amigos
Con una segunda solicitud de juicio político sobre sí, y el actual caso del gobernador veracruzano Javier Duarte, que podría pensarse que se tomaría como referencia, parecería que el ex presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, estaría en algún riesgo de ser expulsado de las filas del Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, la dirigencia tricolor podrían estar protegiendo al ex munícipe.
EL JUICIO POLÍTICO
Antes que exponer sobre las dos ocasiones que se ha pedido este procedimiento para Campos Ponce, se debe dejar claro que un juicio político se trata de un procedimiento de orden Constitucional, que se realiza por los organismos legislativos a fin de hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos.
Este tipo de juicio puede derivar en una resolución administrativa y una sanción política y puede ser iniciado durante el ejercicio de funciones del servidor público o durante el año posterior a que finalice sus labores en el cargo.
“PRIMERA LLAMADA”
Tras concluir su polémico periodo como presidente municipal, que incluyó un juicio ciudadano en su contra, en el cual se le determinó culpable. En 2015, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán remitió al Congreso del Estado una primera solicitud de juicio político en contra del ex alcalde de Zitácuaro, por haberse negado a atender el caso de un elemento policiaco despedido.
Fue el pasado 6 de diciembre, cuando la oficialía de partes del legislativo local recibió esta solicitud de juicio político, que fue turnada a la Comisión Jurisdiccional para opinión de sus integrantes y dar inicio al pleno, en cuanto se iniciara el segundo periodo de sesiones del primer año legislativo.
Esta situación se había dado a conocer a fines de enero de este año, apenas unos días después la presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, Mary Carmen Bernal Martínez, indicó que la solicitud sería improcedente.
El motivo fue que el juicio político solamente puede ser solicitado por un ciudadano que considere que una autoridad ha violentado sus derechos, por lo que se necesitaba que fuera directamente el elemento policiaco despedido quien presentara esa solicitud de juicio político.
POR SEGUNDA VEZ
En menos de un año Juan Carlos Campos Ponce acumuló una segunda solicitud de juicio político sobre sí, esta vez impulsada por el ciudadano Marcos Joel Vera Terrazas. Fue el pasado 21 de septiembre cuando en sesión ordinaria de la septuagésima tercera legislatura se dio lectura a la solicitud, que además de ser dirigida contra el ex presidente, también muestra como responsable a su esposa, quien fungiera como presidenta del DIF en el municipio y actualmente se ostenta como regidora.
No está por demás mencionar que esta solicitud se hizo acompañar de otra similar, pero en contra de la ex presidente municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal, quien fue acusada de ocultar información financiera del ayuntamiento que estuvo a su cargo.
En el caso de Campos Ponce la acusación es por actos fraudulentos, que evidencian desvió de recursos municipales, nepotismo y la autorización de 30 “aviadores” dentro de su administración pública.
El escrito que contiene esta solicitud fue presentado el pasado 26 de julio, además de narrar cuatro hechos violatorios y omisiones provocadas por el expresidente, solicita la conformación de una Comisión Especial Investigadora, integrada por los propios legisladores locales, para que lleven a cabo trabajo de campo en Zitácuaro.
Una vez que fue recibida la petición, esta se turnó a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; las cuales, para el mes de diciembre deberán tener listo su dictamen sobre la procedencia o no de esta solicitud.
Dentro de la denuncia se acusa del desvío de casi 200 millones de pesos, que se comprueba con documentación que demuestra que los materiales para construcción utilizados para muchas de las obras que realizó Campos Ponce como edil, se pagaron a precios mayores que los del mercado y además de que estas fueron hechas por empresas de amigos, familiares o socios.
También hace acusaciones de nepotismo, que se sustentan con recibos de nómina, actas de nacimiento y matrimonio.
EL DESPREOCUPADO
Tras darse a conocer el ingreso de esta solicitud al Congreso del Estado, Campos Ponce fue entrevistado por medios locales, ante quienes dijo no tener preocupación alguna por estas acusaciones.
La respuesta del expresidente fue decir que el impulsor del proceso, Joel Vera, tiene intereses políticos y que la querella no tiene sustento jurídico, aunque admitió que buscó conocer el fondo de la querella de Vera Terrazas a través de las vías legislativas, pero no pudo conocerlo.
Pero se confesó molesto, por la insistencia de lo que él considera un tema eminentemente político.
PROMETEN LEGALIDAD
La Comisión de Gobernación del Congreso Estatal, que tendrá que analizar la petición de juicio político, está integrada por la panista Andrea Villanueva Cano, los perredistas Ángel Cedillo Hernández y Pascual Sigala Páez, además de Ernesto Núñez Aguilar por parte del Partido Verde Ecologista.
La Comisión está además presidida por el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Mario Armando Mendoza Guzmán.
El Despertar buscó, desde el pasado 28 de septiembre, al legislador para tener su opinión del caso, al ser el encargado de la Comisión que decidirá la procedencia de la solicitud y además ser correligionario de Campos Ponce; sin embargo, un día después sólo se limitó a decir que “el tema aún no se discute en la comisión y por lo tanto no puedo hacerte comentarios, salvo que actuaremos conforme a derecho sin ningún sesgo de carácter político”.
Por su parte, Ernesto Núñez Aguilar, señaló para este medio, que para el próximo 4 de octubre podría ser la fecha en que la Comisión que él integra conozca los detalles de esta denuncia, “si hay argumentos, si hay elementos suficientes se tendrá que proceder, sino tendrá que ser como los demás casos que se han dado, que nada más se basan en chismes, digamos”.
En cuanto a un posible implicación del diputado del Verde Ecologista, por el caso del llamado “moche” de recursos para un festival cultural en Zitácuaro, el legislador descartó al rememorar que esos recursos no se obtuvieron mediante esa gestión, “ese es un tema que quedó en un escándalo mediático, (…) ni siquiera hay elementos”.
“No puede ser un tema de chismes, tiene que estar bien documentado”, reiteró el legislador, quien aseveró no tener conocimiento del contenido de la denuncia y será hasta que se turne a la Comisión que tendrá más detalles de la acusación.
A NIVEL NACIONAL EXPULSIONES, EN MICHOACÁN SILENCIOS
Después de que se dieron a conocer las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y del Servicio de Administración Tributaria en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por actos de corrupción, denunciados por medios de comunicación, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional anunció que se le suspendieron sus derechos como integrante de este instituto político al gobernador veracruzano.
La medida trascendió por ser histórica, al ser la primera ocasión en que el PRI suspende sus derechos a un gobernante en activo perteneciente a sus filas.
Además, se aplicó la misma medida a seis de los colaboradores del gobernador, que también están implicados en las investigaciones.
Ante este referente nacional de medida cautelar e incluso una posible expulsión de Duarte de las filas de su propio partido, el caso de Campos Ponce con su juicio ciudadano que lo condenó, dos intentos de juicio político y más de dos denuncias penales en su contra, entre otros escándalos, se antojaría para una medida similar a nivel Michoacán.
Por ello El Despertar intentó contactar al dirigente michoacano del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, a fin de conocer su opinión del caso de Campos Ponce, la posible procedencia del partido en contra del ex presidente municipal de Zitácuaro, la posición que se tomará por los legisladores del partido y su opinión del caso.
Sin embargo, ante la solicitud de entrevista para tratar el tema, el dirigente estatal tricolor no hizo más que guardar silencio, sin aceptar o siquiera rechazar la solicitud. Es de recordarse que Silva Tejeda es parte del círculo cercano de Juan Carlos Campos Ponce dentro del instituto, quizá por ello prefirió guardar silencio.
Así, aunque a nivel nacional se ha dicho que el proceso contra Duarte es una simulación, en Michoacán no hay siquiera un posicionamiento de los dirigentes del tricolor sobre los procesos que hay contra de los ex gobernantes que siguen en sus filas.
