Fiscalía fabrica culpables para ayudar a involucrados en linchamiento

Zitácuaro. – Las investigaciones ministeriales sobre las cuatro personas linchadas e incineradas vivas a finales del año pasado, en la tenencia de Crescencio Morales, han sido viciadas y pervertidas para fabricar culpables y salvar de la cárcel a otros implicados en los homicidios del 11 de noviembre del 2018. Involucrados que han alardeado ser allegados al gobernador de Michoacán y al Secretario de Gobierno, además de estar protegidos por funcionarios estatales, como el ex Procurador General de Justicia José Martin Godoy Castro y el diputado perredista Octavio Ocampo Córdova.
Se descubren evidencias que demuestran el actuar del Fiscal Regional, Hugo Verduzco Medina, quien ha manipulado las investigaciones e intentado fabricar culpables para salvar de la cárcel a otros implicados en los homicidios. Pruebas en poder de El Despertar demuestran que la Fiscalía ha estancado intencionalmente las averiguaciones, dando un trato preferencial a personas allegadas al ex presidente municipal Carlos Herrera Tello y al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
En noviembre del 2018, Zitácuaro se colocó en los titulares de los medios de comunicación nacionales, cuando se dio a conocer que en este municipio pobladores de una comunidad indígena habían detenido y linchado a cuatro personas ¿La causa? Un supuesto robo y secuestro de una menor.
Los hechos comenzaron el día 10 de noviembre, al trascender que habitantes de la tenencia de Francisco Serrato habían localizado y perseguido a varios sujetos, a los que acusaban de ladrones y secuestradores. Asegurando que minutos antes habían robado en una tienda de la comunidad y pretendían llevarse a una menor.
Durante la persecución los pobladores retuvieron y quemaron un automóvil, que quedó a la mitad de la carretera que conduce a la mencionada tenencia. El Cuerpo de Bomberos atendió el reporte y sofocaron el siniestro. Hasta ese momento sólo se emitió un boletín informando sobre el acontecimiento del vehículo, pero no explicaron que los vecinos de Francisco Serrato estaban a la búsqueda de cuatro personas. Al rastreo se unieron elementos policiacos de este municipio, que estaban bajo el mando de Rafael Hernández Albarrán. Pero al no encontrarlos, decidieron desistir y retirarse del lugar.
Un día después la noticia corrió como pólvora, al saberse que los habitantes de las tenencias de Crescencio Morales y Francisco Serrato se habían organizado para localizar a varios sujetos que tenían “cuentas pendientes” con la comunidad. Después de una indagatoria periodística, se logró establecer por medio de varios vecinos de las tenencias, que el automóvil que habían quemado un día antes, pertenecía a los supuestos ladrones, pero ya los pobladores andaban sobre su pista.
Por la mañana del domingo 11 de noviembre, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona realizando labores de inspección. Las autoridades municipales y estatales ya estaban informadas de los hechos y una fuerte movilización policiaca se comenzó a organizar, permaneciendo a la expectativa en la salida a Toluca, sobre la gasolinera denominada “El Perico”. Mientras esto sucedía, habitantes de ambas tenencias lograron encontrar a los “prófugos”; quienes, después se supo, eran vecinos del Estado de México.
Cerca de las 10:30 de la mañana, de ese 11 de noviembre, los sospechosos fueron localizados en las inmediaciones del rio de la tenencia de Crescencio Morales. Según los datos extraoficiales que estaban enviando los informantes desde el lugar, los sujetos fueron amarrados y golpeados con palos y machetes, mientras eran conducidos a la cancha de futbol. Finalmente, minutos después de haber llegado a la cancha, donde se reunieron cientos de habitantes de ambas comunidades, las cuatro personas fueron rociadas con gasolina para ser quemados vivos. Mientras que las fuerzas policiacas, al mando de Rafael Hernández Albarrán y José Luis Molina, seguían en el mismo lugar.
Para las tres de la tarde, El Despertar fue el único medio de comunicación que estuvo cubriendo el suceso desde el lugar de los hechos, por ello pudimos corroborar que al terreno sólo llegaron elementos de la Policía Ministerial y rescatistas de Bomberos, así como de Protección Civil, que apoyaron a los peritos en la materia, más no personal de la policía, que asegura Rafael Albarrán estaban presentes en el área.
Luego de haber realizado la labor periodística salimos del lugar y ya para ese momento la Policía Michoacán se encontraba entre la comunidad de Macho de Agua y Crescencio Morales, pero no ingresaron hasta donde sucedieron los linchamientos (al menos no en ese instante), entre los elementos policiacos destacaba la presencia del Fiscal Regional Hugo Verduzco, de Rafael Hernández Albarrán y del Coordinador de la Policía Michoacán, José Luis Molina.
Un día después de que fueran calcinados los cuatros sujetos, hubo varias reacciones por parte de las autoridades policiacas y el ejecutivo estatal indicó que los pobladores no debieron tomar la justicia en sus manos, reiterando que les correspondía dar parte a las autoridades locales, las cuales también debían responder por estos hechos delictuosos, por omisos; ya que, desde un día antes al linchamiento, tuvieron conocimiento de los hechos.
El día 12, la Policía Michoacán armó un “mega operativo”, durante el cual se dedicaron a realizar destrozos, violentar domicilios y golpear personas que encontraban a su paso. Incluso hubo varios detenidos, que fueron el detonante para que los comuneros realizaran un bloqueo en la carretera salida a Toluca, a la altura de Macho de Agua. Esta acción fue la exigencia para que aparecieran dos de sus compañeros que habían sido detenidos durante el operativo y estaban en calidad de desaparecidos.
Ya por la noche, el Secretario del Ayuntamiento, Santiago Jiménez Baca, y el Secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Hurtado Casado, se reunieron con un grupo de comuneros, mismos que pedían fueran a donde estaban concentrados la mayoría de sus compañeros. Las autoridades se negaron, aludiendo que no había las condiciones para ello. No hubo acuerdo y más tarde los inconformes fueron desalojados por la policía.
Posteriormente y como consecuencia de los asesinatos, hubo varias personas detenidas; entre ellas, el jefe de tenencia de Francisco Serrato, Víctor Hernández Martínez, quien fue requerido durante el desfile del 20 de noviembre, que se celebra en esta ciudad de Zitácuaro. Su abogado defensor denunció que el jefe había sido detenido y trasladado primeramente a los municipios de Tuxpan, Hidalgo y luego a la capital michoacana, donde aseguró fue golpeado por la policía mientras era transportado en la patrulla.
De acuerdo con los documentos que obran en poder de este medio de comunicación, la orden de aprehensión en contra del jefe de tenencia de Francisco Serrato, Víctor Hernández, fue solicitada el 15 de noviembre del 2018; es decir, cuatro días después de haber sido linchados los cuatro sujetos, y cumplimentada el día 20 de ese mismo mes, como ya se dijo.
Luego de haber sido detenido y posteriormente puesto en libertad, el jefe de tenencia fue llamado a declarar a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia, a él se unieron decenas de comuneros de Francisco Serrato que lo apoyaron para que no fuera arrestado nuevamente. Es decir, la investigación indica que la orden de aprehensión si existió y se cumplimentó, pero el proceso penal sólo se le sigue a los hijos de la persona que dicen fue asaltada en su negocio y uno más hasta este momento.
Las autoridades municipales, a través del Secretario del Ayuntamiento, dieron una rueda de prensa deslindándose de las detenciones de los jefes. Incluso, se divulgó que luego de haber sido requerido el jefe de tenencia de Francisco Serrato por la Policía Ministerial, su similar de Crescencio Morales, Miguel Tomás Contreras, se ocultó para evitar ser apresado. Esto fue corroborado por el mismo Santiago Jiménez, quien afirmó que se desconocía su paradero. Finalmente, el informe de que había sido apoyado por el ex presidente Carlos Herrera Tello, para que no fuera emplazado por la Fiscalía, salió a la luz. Al menos así lo señalan las pruebas filtradas a El Despertar.
En ese tenor, el expediente muestra como el jefe de tenencia Víctor Hernández, al rendir su declaración, explica que cuando llegó al lugar donde iniciaron los hechos en su comunidad, vio a varias personas reunidas cerca de la tienda donde ocurrió el supuesto robo, ahí estaban también los hijos de la ofendida, de los que asegura no conocía sus nombres; pero líneas adelante, en su misma declaración, el jefe de tenencia ya proporcionaba los nombres completos y la media filiación de los que decía desconocer sus apelativos.
Llama la atención que todos los testigos mencionan la hora en que sucedieron los hechos en diferentes lugares con una exactitud precisa, así como la cantidad de personas que estaban reunidas cuando fueron calcinados los supuestos ladrones y de las que aseguran, eran unos 200 o 300 individuos, cuando el día de los hechos los reportes superaban esa cifra con mucho.
Pero, aunque el jefe de tenencia en mención atestigua que se retiró a su domicilio cuando vio lo que estaba ocurriendo, hay un testigo que lo señala como uno de los principales agitadores para que “castigaran” a las personas. De hecho, se revela por parte de los familiares de uno de los imputados, que los ahora occisos fueron trasladados en su camioneta. “HAY QUE PARTIRLES LA MADRE PARA QUE SEPAN QUIÉN ES EL PUEBLO, AQUÍ NO NOS VAN A VENIR A CHINGAR”, decía el jefe de tenencia, según explica en el documento.
Luego de haberse iniciado la averiguación sobre estos sucesos, las autoridades investigadoras no han actuado conforme a derecho. Personas como los jefes de tenencia, las autoridades municipales y los mandos policiacos que fueron omisos, a pesar de tener conocimiento de los hechos, siguen impunes y sólo se han girado cinco órdenes de aprehensión para algunos de los involucrados, los cuales fueron señalados por los mismos implicados que ahora son ayudados por las autoridades.
FISCALÍA PRETENDE FABRICAR CULPABLES E INVOLUCRAN AL GOBERNADOR
Hoy, la práctica sistemática de la fabricación de culpables queda demostrada (una vez más), a través de documentos y una serie de grabaciones que exhiben la manera en que el Fiscal y su gente se conducen para exonerar a los autores de delitos, dependiendo del dinero o las “palancas” que tengan, a pesar de existir argumentos suficientes para castigar a los culpables.
Estas pruebas involucran al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; al ahora Secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro; al Diputado Local, Octavio Ocampo Córdova; a la Directora de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional, Leticia Amezcua; y por supuesto al Fiscal Regional de Justicia, Hugo Verduzco Medina, así como a un abogado que se ha convertido en uno de los principales operadores del Fiscal de nombre Erick P. Quien tiene a su conyugue trabajando dentro de la Fiscalía Regional con sede en Zitácuaro.
Las grabaciones destacan la manera en que el Fiscal Regional de Zitácuaro, Hugo Verduzco Medina, ya tiene bien definido como se harán las cosas. De entrada, se muestra una investigación que se nota está perfectamente bien planeada. Diversos puntos de la investigación, que ya fueron analizados por peritos en la materia, podrían dar una vuelta a esta averiguación. Sumados a la presunción de que uno de los imputados pudiera estar siendo acusado de manera inmediata para salvar a los principales responsables; sin embargo, lo que inculpa al Fiscal y al abogado Erick P. son varios audios donde se escucha como han estado negociando, amedrentando y extorsionando a familiares del mencionado indiciado.
Como ya se mencionó, las grabaciones refieren la intervención de varios actores políticos y del gobernador Silvano Aureoles para ayudar y desviar las investigaciones, a modo de que salgan bien librados sus amigos políticos, dejando a otros que tienen menos poder “embarcados” en la muerte de cuatro personas.
Aunque el Gobernador aseguró que se castigaría a los culpables, a nueve meses de los linchamientos la justicia tarda en llegar. Incluso, se ve muy lejano que las autoridades que gobernaban en ese entonces el municipio puedan ser sancionadas; por el contrario, han sido premiadas con cargos públicos mayores a los que antes ocupaban, o bien, simplemente fueron cambiados de lugar.
Hoy el ex presidente, Carlos Herrera Tello, es Secretario de Gobierno en Michoacán, lo que indica que no será sancionado, a pesar que tuvo conocimiento de lo que pasaba desde el primer momento, cuando el automóvil de los supuestos ladrones fue quemado por los habitantes de Francisco Serrato, que los acusaban de haber robado una tienda y secuestrado a una menor.
Las pruebas arriba mencionadas evidencian la intervención de Herrera Tello, del ex Procurador de Michoacán y hoy Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Martín Godoy Castro y del diputado local Octavio Ocampo Córdova, en su intervención para la liberación de varios implicados en el homicidio, coordinados desde la Fiscalía Regional que dirige Hugo Verduzco. Los audios los señalan como parte importante para desvirtuar el asunto y proteger a las personas allegadas al Secretario de Gobierno y al Gobernador Silvano Aureoles.
Diversas conversaciones entre el Fiscal Regional Hugo Verduzco, el operador del Fiscal Erick P. y la familia engañada, demuestran como el máximo jefe de la Fiscalía en esta región le explica a un joven que ya el diputado Octavio (Ocampo) le había hablado para “pedirle el favor” y definir la manera en que se iba a tratar el asunto.
En una parte del audio se oye cuando el Fiscal le pregunta si no trae teléfono (celular). El joven le explica que se lo quitaron en la entrada, lo que indica que no querían que se descubriera la negociación; pero el Fiscal trata de calmar al joven, al decirle que ya estaban en el camino para ayudar a su familiar. Le explica que tendrán que precisar la estrategia para darle atención a la petición del diputado. “SOMOS BUENOS AMIGOS CON EL DIPUTADO”, manifiesta el fiscal Hugo Verduzco”, más adelante le plantea como se harán las cosas.
Las dudas sobre portar un teléfono para entrar a hablar con el Fiscal, surgieron luego de que el supuesto abogado Erick P. fuera alertado por otra persona (que ya también está identificada) de que los familiares del imputado traían una grabación donde se escuchaba como los amenazaban, lo que explica la conducta del Fiscal y su gente.
En otras grabaciones se escucha al mismo operador del Fiscal, el abogado Erick P, discutiendo con una mujer que es familiar del imputado, la cual lo reprende por no haberle resuelto su asunto y le exige una explicación de a donde fue a parar el dinero, ya que no sabe si se lo quedó la Fiscalía, el abogado o la licenciada Leticia (Directora de Averiguaciones Previas), “ya que hay muchas personas involucradas y no hay solución”, le dice la molesta mujer. Erick P. le revira, contestándole que TODA LA FISCALÍA ESTÁ INVOLUCRADA, no sólo tres personas.
Ante la insistencia de los familiares, el supuesto abogado les afirma que el asunto ya está prácticamente arreglado, y está “más sepultado que Sara García”, por lo tanto, será otro el “PAGANO”. En esa parte del audio les asegura que no tendrán ningún problema y será otra persona (sin especificar quien) la que sea señalada como culpable de un delito que no cometió.
En ese contexto el abogado asevera que EL EXPEDIENTE YA ESTÁ EN MANOS DEL GOBERNADOR; por lo que, no lo pueden desaparecer, ya que al final ES ÉL QUIEN TIENE QUE DAR LA ANUENCIA PARA “PERDONAR” AL IMPUTADO. Mismo que, señalan los familiares, fue inculpado de manera injusta por los jefes de tenencia. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Justicia primero tiene que hacer un movimiento interno.
Erick P. continúa explicándoles que la Fiscalía tiene bien definido lo que va a hacer y también saben cómo estuvieron las cosas, y aunque haya una orden de aprehensión en contra de su familiar, esa se queda, sólo va a cambiar el culpable.
Las conversaciones, de las diferentes grabaciones, muestran que el principal operador del Fiscal intenta convencerlos de que todo está arreglado, máximo cuando los familiares del imputado dicen que al jefe de tenencia de Crescencio Morales y a Patricio (Contreras Marín, regidor de este municipio, encargado de Asuntos Indígenas), los había sacado (de prisión) la gente de Herrera.
Esto se confirmó días después, cuando en otra grabación el abogado en mención le explica que el jefe de tenencia de Crescencio Morales, Miguel Tomás Contreras, será “COBIJADO” por Silvano Aureoles, para que no se le finquen responsabilidades por el linchamiento, y esto cambiaba el panorama para su familiar, quien podría verse perjudicado si los testigos no se desistían. El problema, es que en la investigación que se sigue a esta persona, son precisamente los jefes de tenencia, de ambas comunidades, que están protegidos por el Secretario de Gobierno y el Gobernador, los que señalan de manera directa al imputado, haciéndolo responsable de la muerte de cuatro personas, en complicidad con los hijos de la afectada.
Pero en otros audios también sale a relucir el nombre del regidor Moisés Salazar, de quien expresa el abogado: es el “HIJO CHIQUITO DEL GOBERNADOR”, ya que el papá del regidor fue quien crio al mandatario estatal y los presenta como recomendados para que les resuelva el asunto, ya que el abogado también asegura que el tema lo lleva todo un equipo, en consecuencia, no se puede manejar el nombre del Fiscal General de Michoacán de manera tan abierta, a pesar de que le “echaron la mano” al Fiscal Regional para no correrlo por su omisión en los linchamientos, y por ser gente de Adrián López Solís y del Gobernador Silvano Aureoles.
Finalmente, las grabaciones dejan en un lugar incomodo a varios funcionarios del gobierno estatal y municipal, luego de las conversaciones que Erick. P. tiene con la familia del imputado se destapó una verdad que se ha venido denunciando innumerables veces y que los ciudadanos también han hecho saber sobre la corrupción que se vive dentro de la Fiscalía, al mando de Hugo Verduzco Medina.