Dios los hace…

No hay muchas coincidencias tampoco en las curules, esto recientemente se probó con la controversia creada con la llamada Ley Anti taurina, que se intentó aprobar en el Congreso michoacano. Dos de los personajes que la intentaron impulsar tuvieron en común sus fallos a la hora de plantear propuestas legislativas y sus turbios antecedentes.

                                                                     Propuesta controvertida

El pasado 16 de marzo, en sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Local del distrito VII, con sede en Zacapu, Juan Pablo Puebla Arévalo, planteó una reforma al Código Penal; así como a la Ley de Protección a los Animales de la entidad, por las cuales pretendía prohibir las corridas de toros en Michoacán.

La iniciativa fue suscrita por los legisladores Ernesto Núñez del PVEM, Rosa María de la Torre del PRI, Nalleli Julieta Pedraza, Belinda Iturbide, Raúl Prieto y Jeovana Alcántar del PRD.

Tras la presentación de esta y previo a ser votada, se dieron marchas por parte de quienes están en contra de esta práctica para pedir que se aprobara la propuesta que la prohibía y en la cual se reunieron casi mil 200 personas.

Pero también hubo manifestaciones por parte de quienes son seguidores y practicantes de la tauromaquia. Mientras llegaba la fecha de la votación de esta propuesta, los dimes y diretes entre los impulsores y detractores de las corridas de toros se agudizaron.

                                                                     Final anticipado

Pero aún antes de ser votadas, las reformas que pretendían prohibir las corridas de toros en Michoacán encontraron el inicio de su fin, pues en una reunión de la de la Comisión de Justicia del Congreso michoacano se señalaron deficiencias en la propuesta.

El presidente de la Comisión, Juan Bernardo Corona, señaló que la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo, busca prohibir las corridas de toros, pero la naturaleza del Código Penal es sancionadora, no prohibitiva.

Esto quiere decir que el Código que se buscaba reformar castiga ciertas conductas consideradas nocivas para la sociedad y el diputado proponía adicionar un texto que prohibía una actividad, lo que violenta la naturaleza del Código Penal.

Aunque el legislador defendió que su intención era equiparar al delito de crueldad, las acciones de organizar, promover o realizar actos públicos o privados de riña de animales y cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

El diputado afirmó que sus homólogos “mataron la iniciativa de ley”, elaborando un dictamen “tendencioso” para impedir ver afectados sus intereses económicos.

Tres días después el dictamen que desechaba la ley por la inconsistencia ya explicada, era aprobado por la mayoría de los diputados en el Congreso Local.

Al tomar la bandera anti taurina, pese a un descuido en los fundamentos jurídicos de la propuesta, el legislador había adquirido una popularidad que un par de años antes hubiera sido inimaginable debido a hechos que más adelante se narrarán.

                                                                     Otro “despistado”

El pasado 16 de junio, en un ánimo de “revivir muertos”, el legislador Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista presentó una propuesta para modificar una norma que perdió su vigencia hace dos años.

La pretensión de Núñez era  modificar el artículo 32 de la extinta ley para añadirle un párrafo que ordenara que las empresas que se instalen o que incrementen empleos, tengan derecho a los beneficios del programa de becas para capacitación de trabajadores, así como a los trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad, en la modalidad de capacitación mixta o proyectos productivos que otorgue el Gobierno del Estado.

Lo que olvidó es que, en diciembre de 2014, se había abrogado la ley que pretendía reformar cuando se publicó la vigente, la Ley de Desarrollo Económico.

Cabe recalcar que, el también conocido (aun) como Ernesto “moches” Núñez, también fue de los impulsores de la fallida Ley Anti taurina.

                                                                      Pasados oscuros

Otra similitud entre Núñez Aguilar y Puebla Arévalo, son sus no muy gratos antecedentes en cargos públicos; pues, pese a ser de diferentes legiones políticas, han tenido episodios “bochornosos” como servidores públicos.

En el Caso de Juan Pablo Puebla, en junio de 2013 fue arrestado por disturbios y destrozos en el Hotel Casa Blanca en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bajo los influjos del alcohol dañó las instalaciones del “Bar 11” en el ya mencionado hotel y lesionó a golpes a un mesero del lugar.

Cuando acudieron elementos policiacos, al resistirse al arresto les dijo: “Porque ustedes nos aben quien soy”, al tiempo que mostró credenciales que le acreditaban como funcionario de la Cámara de Diputados, como Secretario Técnico de la Comisión de Administración de Finanzas de la 72 legislatura local y Secretario de  Organización del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Aunque finalmente resultó ser delegado del C. D. E. del sol azteca en el distrito electoral federal ubicado en el mismo puerto michoacano. Cabe mencionar que un año después se dio a conocer que el funcionario no había reparado los daños de su “incidente”.

Por su parte, el evento “destacado” e infame de Núñez Aguilar es de todos conocido; pero no está por demás rememorar que, en julio de 2015, mediante una grabación se denunció que el entonces diputado federal por el Partido Verde Ecologista en contubernio con quien entonces era alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos, pretendían hacer un desvió de recursos de un proyecto para un festival cultural.

Él, desde entonces conocido como “diputado moches”, admitió que “se le hizo fácil” hacer esa propuesta y casi un año después incluso tuvo la ocurrencia de demandar a Verónica Loaiza, quien lo había evidenciado. El motivo de la demanda, fueron los daños a su imagen.

 

“Dios los hace y ellos se junta”, dicta un viejo refrán que cobra vida en legisladores que concuerdan propuestas con las que ganaron ciertas empatías, pero que a sus espaldas cargan con episodios que han empobrecido la política michoacana; sin embargo, las benevolencias de los sistemas democráticos les permiten seguir en cargos de “elección popular”.

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