La justicia en duda

A poco más de dos años de haberse iniciado la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la controversia ha surgido entre el poder judicial Michoacán, en cargado de aplicar esta nueva forma de impartir justicia, y el poder ejecutivo, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. La efectividad del nuevo método de procesar a delincuentes, por parte de los jueces, ha sido puesta en tela de juicio.

ORIGEN DE LA NUEVA ETAPA

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México.

El Constituyente Permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos, tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.

Los puntos básicos de este nuevo método, son un sistema acusatorio-adversarial, donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes, y que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

Uno de los objetivos que se busca son  procesos más rápidos; es decir, una aplicación de la justicia más ágil.

Para lograr la Reforma Penal, las instituciones gubernamentales involucradas en la administración y procuración de justicia iniciaron un proceso de modernización y mejora. Todas adecuan sus inmuebles, capacitan a su personal y se equipan con tecnologías avanzadas.

En Michoacán la operación del sistema de justicia penal oral inició formalmente el 7 marzo de 2015.

LLEGANDO TARDE A LA CITA

Pero la sola implementación de este nuevo sistema no fue un tema sencillo, pues originalmente se tenía programado para que el 21 de febrero de 2013 iniciara su aplicación en Michoacán. Esto, debido a que por la importancia de transitar de un sistema a otro y sus implicaciones, el órgano encargado de coordinar la implementación en nuestro estado decidió establecer una prórroga que permita, según la exposición de motivos, una mayor seguridad y mejor justicia.

La prórroga había sido para 2014, nuevamente el mes de febrero, pero cerca de cumplirse este plazo, el Pleno de la LXXII Legislatura, en ese entonces presidida por Alfonso Martínez Alcázar, aprobó con 36 votos a favor, 1 abstención y 1 reserva. El estado se había dividido en cinco regiones para la implementación de este sistema y los nuevos plazos para la aplicación del nuevo sistema fueron 7 de marzo de 2015 en Morelia y Zitácuaro; el 3 de agosto del mismo año en Zamora y Uruapan, y el 9 de mayo de 2016 en Lázaro Cárdenas y Apatzingán.

Pero en Julio de 2015, apenas un mes antes de que se iniciara con este sistema en Zamora, a falta de recursos económicos, se dio una tercera prórroga para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En esos días Salvador Jara Guerrero era el gobernador del estado y se tuvieron que realizar reuniones con él para que se pudieran obtener los recursos necesarios para implementar el sistema.

La que entonces era Secretaria Ejecutiva del Consejo Implementador del NSJP, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, aseguró que un déficit de por lo menos 50 defensores que estén capacitados y el presupuesto se les ha entregado de forma paulatina retrasó los trabajos de instalación y por ello fue hasta febrero de 2016 que se inició con su implementación.

Así, la sola puesta en marcha de esta forma de impartir justicia, se vio complicada y tuvo un inicio trompicado en la entidad.

LO PRESUMIDO

En diciembre de 2016, el propio poder judicial del estado presumió que, desde que inició la operación del Sistema de Justicia Penal Oral, el 7 marzo de 2015 hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 5,200 audiencias de corte penal, presididas por 22 jueces y juezas de oralidad del Poder Judicial de Michoacán.

Resaltaron que se habían iniciado 1,445 causas penales, de las cuales 1,199 se encuentran en la etapa inicial, 150 en la intermedia y 96 en fase de juicio oral.

LA CRÍTICA

Pero a dos años de que se inició con esta nueva forma de impartir justicia, hay duda de su efectividad, y así lo manifestó el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, quien en la17 Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que se realizó el 7 de junio en Morelia, criticó el proceder de los jueces en materia de seguridad, debido a que ellos apoyan la solicitud de detención de delincuentes y ratos después piden su liberación.

“Nos quedamos con mal sabor de boca, ayer martes me decía el fiscal regional: ‘detuvimos a un líder de una célula delincuencial en la región de Zamora porque el juez nos otorgó la orden de aprehensión con los argumentos que les hicimos llegar, pero qué cree, cuando ya lo habíamos detenido, aún con los argumentos nos dijo que no había los suficientes elementos para tenerlo detenido, cuando se detuvo con armas, señalado reiteradamente de ser cabeza de una célula delincuencial’”.

Aureoles aseveró que eso desanima los esfuerzos que hacen los responsables de procurar la seguridad pública, por lo que pidió que se busquen reuniones con los jueces para que expongan estas anomalías y se aclaren, pues se puede prestar a malas interpretaciones.

“No se puede así, necesitamos hablar con los jueces, porque a veces hasta queda uno con la sospecha de por qué con los mismos argumentos que se da la orden de aprehensión, con esos mismos se libera, eso no se puede”, externó el gobernador.

Finalmente sentenció que “la gente nos critica de por qué se detuvo a algún delincuente y al día siguiente anda en la calle, por eso los jueces deben dar la cara, porque si no, no se puede. Los integrantes del Poder Judicial, como que viven en otro mundo, ganan bien, cuidan sus presupuestos, pero se alejan siempre de la chusma, y así no se puede, tienen que estar a la altura de las circunstancias, hoy el país demanda una postura de estado de todos”.

Esa postura es compartida por  Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien reprochó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha permitido la salida de 15 mil internos de penales locales y por ello anunció que tiene lista una propuesta de reformas constitucional y procesal, para frenar la incidencia delictiva que se ha registrado en meses recientes.

También Antonio García Conejo, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, considera que el Nuevos Sistema de Justicia Penal (NSJP) “no está dando resultados como lo esperaban. (…) Hace falta mayor adaptación, todavía algunos jueces no tienen la información suficiente. Yo creo que eso es desde el punto de vista lo que está pasando”.

LA RESPUESTA

Para el presidente de la Asociación de Jueces de Primera Instancia, Javier Gil Oseguera, el gobernador michoacano “se excedió” en sus declaraciones. “La justicia se imparte en estricto apego a derecho, respetando los principios de igualdad entre las partes, de contradicción y de publicidad, tal como lo señaló ya el presidente del Poder Judicial, al ser los jueces autónomos, jerárquicamente solo dependientes de la ley”.

Unos dais después de la declaración del gobernador también el presidente del Supremo Tribunal, Marco Antonio Flores Negrete, pidió respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado. Sentenció que las resoluciones emitidas por el órgano de justicia no son ocurrencia ni capricho de los jueces y magistrados, sino que son determinaciones puntuales ante el análisis imparcial de expedientes que entregan los Ministerios Públicos (que dependen del poder ejecutivo),  defensores de las víctimas y acusados.

También el abogado Ignacio Mendoza (recientemente reconocido por su defensa de José Manuel Mireles) señaló que más que una deficiencia en los jueces, hay problemas en la labor del Ministerio Público al momento de generar las llamadas Carpetas de Investigación.

Incluso, la defensa de la labor de jueces llegó de la legisladora Rosa María de la Torre Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIII Legislatura local, quien recientemente estuvo relacionada en un caso de “chivos expiatorios”, al haberse detenido a un joven por el asesinato de su padre y después resultó ser inocente.

Destacó que, “la función de juzgar, no puede verse mermada por presiones, ésta se gana con la resolución de los casos que se le presentan por medio de los mecanismos jurídicos con que cuentan, con el respeto de las libertades fundamentales y haciendo valer el peso de sus decisiones aún contra las presiones políticas. Nuestros jueces michoacanos deben poder sentirse orgullosos de su labor, siempre pudiendo cumplir con su encargo de manera justa”.

EL ACUERDO

Tras la controversia, el pasado 15 de junio, se dio a conocer que el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Marco Antonio Flores Negrete, acordaron fortalecer el trabajo conjunto entre ambos Poderes.

“Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una relación institucional sana y respetuosa, que permita avanzar en garantizar a la ciudadanía mejores condiciones de vida”. Se expuso en un boletín sobre la reunión donde se limaron asperezas.

El episodio tuvo un fin de acuerdo, pero las dudas sobre la impartición de justicia han continuado, pues esta función se ha puesto a prueba con la ola de inseguridad y delincuencia que continua en el estado, el hecho de que el propio mandatario estatal resalte las dudas sobre la impartición de justicia de un sistema que tuvo un rezagado y trompicado inicio, lleva a una vigilancia estricta sobre esta labor.

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