SINOPSIS POLITICA

                                                                               SINOPSIS POLITICA

                                                                  Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

                                                            OTRO FEMINICIDIO EN ZITÁCUARO

Todavía no se detiene al sospechoso principal del feminicidio de los últimos días, en contra de Danna, cuando en Zitácuaro ya se ejecutó un cruel asesinato más contra otra jovencita. En este espacio habíamos pronosticado que, efectivamente en el caso de Danna no habría detenidos, por la ineficacia de los funcionarios de la Fiscalía Regional, que resulta más que evidente. Además, el propósito u objetivo primordial de ellos no es el de combatir el delito, ni perseguir a los delincuentes, mucho menos procurar justicia, sino saquear el patrimonio de los ciudadanos, generando impunidad y fomentado más las conductas antisociales.

 También se afirmó que, ante la corrupción absoluta y la ineptitud, los “servidores públicos” tienen en el transcurrir del tiempo y en el olvido al mejor aliado para cubrir sus crimines o bien, aprovechan o fabrican otro escándalo que ayude a distraer la atención del primer evento, y en esta región, con los feminicidios y otros delitos de impacto social siempre ha sucedido lo mismo, pero en esta ocasión están confluyendo los tres fenómenos: el tiempo, la apatía ciudadana y otro asesinato que va a entretener la atención del anterior.

 Lo peor de todo -insisto- es la falta de sensibilidad y humanidad en las autoridades que, lejos de ocuparse en resolver y enviar a prisión a los responsables de asesinar a nuestras jóvenes, aprovechan los crimines para negociar, corromper, torcer las leyes, prostituir la justicia y lastimar a la población.

 Para demostrar la afirmación anterior, se debe aclarar que en ambos feminicidios los principales sospechosos están plenamente identificados, pero no por los trabajos de investigación e inteligencia de los funcionarios responsables, si no por la colaboración de familiares de las víctimas, ciudadanía en general y las redes sociales, a través de las cuales se han difundido información y fotografías.

Mientras que, por otro lado, los empleados de la Fiscalía intentaban sacar dinero de todos lados, por ejemplo, tratando de presionar al propietario de la huerta de zarzamora dónde se encontró el cuerpo de Griselda, con amenazas de “asegurar” el predio, con lo que se corría el riesgo de perder la cosecha, entre otros chantajes para forzar y seguramente extorsionar.  Además, que en esos momentos los funcionarios mencionados, también se concentraban más en extorsionar a otros productores agrícolas, uno detenido con un arma hechiza y otro más al que le “sembraron” una “grapa” de droga.

 La policía municipal detuvo al sospechoso del feminicidio en contra de Griselda, del cual se intentaba obtener la orden de aprehensión del Juez, debido a que fue privado de la libertad acusado de narcomenudeo. Irregularidades jurídicas que pueden empañar el procedimiento legal y facilitar a la defensa del inculpado burlar la acción de la justicia. Afortunadamente el requerido confesó, sin que se ejerciera presión alguna o se emplearan las estrategias y tácticas de “investigación” que nuestros policías suelen utilizar.

 Lo positivo, es que al menos en este último feminicidio ya hay un requerido, se trata del presunto novio de la jovencita victimada y principal sospechoso. Quién fue detenido porque no huyó, se quedó en su domicilio, a dónde la policía municipal fue por él. Lo negativo, es la evidencia nuevamente de la ineptitud de la autoridad para impedir ese tipo de conductas, la incapacidad para perseguirlas y sancionar a los responsables, lo que se llama impunidad, y con ella se fomenta la práctica de esa y más conductas criminales.

                                            GOBIERNO FEDERAL ABANDONA A LOS MICHOACANOS

 Pero, no nada más el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado han sido indolentes para atender de manera pronta y expedita los delitos de impacto y conductas que laceran a la sociedad, también el gobierno de la república durante tres años ha abandonado a su suerte a los michoacanos.

 Durante una semana, el municipio de Buenavista (antes sucedió con Tepalcatepec y Aguililla), fue sido escenarios de enfrentamiento permanentes a ráfaga de metralla, granadas, incluidos drones artillados o transportando explosivos, entre grupos antagónicos del crimen organizado, quedando en medio de la disputa la población civil ajena al conflicto armado, así como el sector productivo, agricultores, ganaderos, transportistas, comerciantes, prestadores de servicios y todo emprendedor que, además de pagar sus impuestos para que se le devuelvan en seguridad y tranquilidad, están obligados a costear derechos de piso o seguridad adicional a los grupos armados. Pero aun así no logran acceder a la anhelada tranquilidad, pues los mismos grupos beneficiados con dichas aportaciones los hostigan por “cooperar con los contrarios”, y a la inversa.

 Otra atrocidad que padecen los ciudadanos ajenos a las pugnas entre grupos armados, es que los integrantes de las organizaciones criminales, en su paranoia, ven enemigos y adversarios en toda persona que no es de su grupo y los someten a interrogatorios incomodos, además de estar casi siempre en medio del fuego cruzado, convirtiéndose en victimas “adyacentes” o parte de los “daños colaterales”. Como ha estado sucediendo en días recientes en Buenavista y otros municipios de Tierra Caliente, donde jóvenes profesionistas, médicos prestadores del servicio social y residentes establecidos en esa zona, estuvieron enviando mensajes de alerta por lo que estaban viviendo, aislados del resto del estado y bajo la amenaza constante de perder la vida. Tortura que también sufrían sus familiares.

Mientras la población en general era rehén de uno de los grupos delincuenciales, que buscaba adversarios en domicilios y parajes, amenazando y hostigando a las personas, la Guardia Nacional y el ejército mexicanos establecían una especie de cerco perimetral, en la periferia de la cabecera municipal de Buenavista, sin intervenir a favor de la población que era hostigada, actuando como meros espectadores o tal vez impidiendo que otra organización delictiva interviniera o incomodara al grupo que tenía el control de la zona.

 Situación que incitó reclamos contra la presidencia de la república, en esta región donde en la reciente jornada electoral el partido político del Presidente de México arrasó a sus adversarios con amplio margen de votación.

 Unos días antes, en Aguililla, ciudadanos hartos de la indiferencia del ejército mexicano con el azote de las organizaciones criminales en contra de la población, acudieron a solicitar su auxilio, pidiendo su intervención en el desbloqueo de caminos y carreteras en poder de los grupos armados, haciendo efectivo el derecho al libre tránsito. Pero no hubo respuesta positiva por parte de las fuerzas armadas de la nación.

 Ante la negativa, los pobladores de Aguililla radicalizaron sus acciones de protesta, derribaron las bardas del cuartel militar y se suscitaron enfrentamientos a garrotazos y pedradas. Así mismo, con maquinaria destruyeron el helipuerto que era utilizado para abastecer de vivires a los soldados. Tampoco lograron convencer a la SEDENA de repeler la agresión de los grupos delictivos que mantienen sometida a esa región, a pesar de que las noticias traspasaban las fronteras de nuestro país. En tanto, en presidente López Obrador insistía en su peculiar propuesta: “Abrazos, no balazos”.

 Además de la negativa para dialogar con el Gobernador de Michoacán, quien afirma intenta entregarle pruebas de la intromisión del crimen organizado en la vida pública del estado. Situación que, para cualquier mandatario realmente preocupado por la seguridad y tranquilidad de los gobernados, debería interesar. Máxime cuando se trata de un asunto de seguridad nacional, de gobernabilidad, incluso de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Entre los que, bastaría la explosión de un carro bomba, para que los organismos internacionales empiecen a hostilizar a nuestro país, entonces sí, para vulnerar nuestra soberanía con sus intromisiones, como lo están haciendo ya las organizaciones delictivas, con la complacencia del ejecutivo nacional y la indiferencia del ejército mexicano, cuya defensa en su máxima responsabilidad.

 Si el señor presidente de la República no quiere establecer diálogo con el Gobernador de Michoacán, está bien, aunque vulnere la investidura del representante popular y el respeto de los michoacanos por el representados. Esta bien que no le “engorde” el caldo a Silvano, ni se prestes a las pretensiones políticas y electorales del perredista, pero que resuelva a la brevedad lo que a su gobierno compete.

 Si no lo hace, el principal perjudicado, además de los mexicanos todos, será él y su gobierno. A muchos que por él votaron no les simpatiza el pretexto de “abrazos y no balazos”, pues confiaban en él y tenían esperanzas de que con su llegada al poder la situación mejoraría. Hoy, a tres años de su arribo a la presidencia, el contexto ha empeorado. Incluso en Michoacán, en la región de tierra caliente, donde morena arrasó, obteniendo Alfredo Ramírez Bedolla hasta el 80 de sufragios en algunos de esos municipios, los seguidores de AMLO, acosados por la maña, empiezan a irritarse, lo mismo que algunos militantes de morena y eso podría resultar de alto riesgo para la gobernanza del país, que el presidente empiece a socavar su liderazgo y fortaleza social.

 Tener un presidente débil a nadie conviene, ni siquiera a sus adversarios políticos. Por ello la importancia de que los militantes de su partido empiecen a asumir una actitud autocritica y convertirse en celosos guardianes del partido y del gobierno. De ser necesario ejercer contrapeso a los excesos del presidente, así como incentivarlo para que haga a un lado las omisiones que dañan a la población, como esa indolencia con las miles de muertes que genera el crimen organizado.

                                         LA DESCOMPOSICIÓN SE INCREMENTA EN ZITÁCUARO

La descomposición de la legalidad, con su consecuente inseguridad y violencia, hace más de una década que son parte inherente a la vida de los ciudadanos en esta región del oriente de Michoacán, quiénes se han adaptado y acostumbrado a “vivir” así, sometidos por la corrupción de los funcionarios y subyugados por las organizaciones criminales.

 Los retenes policiacos instalados única y exclusivamente con el propósito de extorsionar, son parte del paisaje en el municipio, así como la presencia de grupos armados, que con absoluta libertad transita por todos lados e instalan sus propios retenes en busca de competidores. Eso no es ya novedad, ni a nadie sorprende. No obstante, que en Zitácuaro, como en todas las regiones del país, tenemos cuarteles de la Guardia Nacional, del ejército mexicano, de la Policía Michoacán, Ministerial estatal y federal, alrededor de 400 policías municipales, los que, sumados a las otras corporaciones policiacas y fuerzas armadas, se acerca a los mil elementos activos adscritos al municipio de Zitácuaro, elementos que se suponen bien entrenados, equipados con tecnología avanzada y preparados en tácticas de inteligencia, pero que, a la hora de la verdad, no han podido o en su caso han huido (simulan que no los ven), cuando tienen que enfrentarse a personas armadas.

 Esos cerca de mil policías y soldados, que en esta región integran las fuerzas armadas del gobierno, no han podido detener, expulsar o exterminar a no más de 100 sujetos armados que operan en Zitácuaro. A pesar de lastimar la economía local, a través de la inseguridad que inhibe inversiones, genera desempleo, las extorsiones, cobro de piso, “venta de seguridad”, etc.

 Insisto, la inseguridad y violencia, así como las extorsiones “oficiales” y “extra oficiales”, hace años son prácticas normales. Pero en el transcurso de la semana que termina se incrementaron, iniciando con la distribución de volantes, anunciando la presencia de otro grupo armado en el municipio. Posterior a ello, el jueves, transportistas y productores agrícolas se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad, protestando en contra de las extorsiones policiacas y las “otras”.

 Mientras los transportistas protestaban, un camión materialista era incendiado. Según el parte oficial, cuatro sujetos, a bordo de motocicletas, llegaron y rociaron gasolina y le prendieron fuego. Esto sucedió en el libramiento Francisco J. Mujica. Más tarde, en Pueblo Nuevo, cerca del lugar donde el camión fuese incinerado, un grupo armado asesinó a tres jóvenes, entre ellos un niño de 14 años de edad. La autoridad informó que se trató de un enfrentamiento, pero testigos oculares afirman que en la escena del crimen no se encontraban armas, al menos cerca de los cuerpos.

 Al cierre de esta colaboración, los bloqueos a los accesos de la ciudad continuaban.

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