SINOPSIS POLÍTICA

SINOPSIS POLÍTICA
Por: J. Salatiel Arroyo Zamora
MALESTAR EN MORENA
En la colaboración anterior se explicó como en materia económica, en seguridad pública y en salud, los gobiernos surgidos de morena, que teóricamente impulsan la cuarta transformación del país, no están logrando que dicho propósito se perciba en el imaginario colectivo reflexivo, que sientan o se experimenten en la realidad esos cambios positivos a favor de la población gobernada. Al contrario, hay males que están empeorando.
En otros tiempos, con los gobiernos del pasado, el progreso o desarrollo se media con la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Hoy, la preocupación principal es sobrevivir, no caer ante las balas de los constantes enfrentamientos y ejecuciones, no ser víctima de secuestro, ni pasar de desempleados a indigentes. Sector este último que se ha fortalecido en el presente régimen, por lo benéfico que resulta en tiempos electorales.
En antaño, era costumbre que el presidente de la república, al poco tiempo de tomar posesión, enviara a prisión a un poderoso político, acusado por la comisión de actos de corrupción. Aunque, seguramente no se trataba de afanes justicieros, más bien el propósito era debilitar a los grupos de poder, mandar señales a los adversarios para que no respingaran, a otros una “invitación” al sometimiento, además de distraer a la opinión pública y hacer creer a la población que se estaba combatiendo la corrupción. Así tenemos que, por ejemplo:
Miguel De la Madrid Hurtado, mandó a prisión a Jorge Diaz Serrano, director de PEMEX con José López Portillo. También encarceló a Arturo “El Negro” Durazo, ex jefe de la policía en el Distrito Federal y protegido de López Portillo.
Carlos Salinas de Gortari, encarceló a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, dirigente del sindicato PEMEX.
Ernesto Zedillo Ponce de León hizo lo propio con Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas.
Enrique Peña Nieto, puso tras las rejas a Elba Esther Gordillo Morales, dirigente vitalicia del SNTE.
Pero Andrés Manuel López Obrador a ningún político corrupto a encarcelado, cuando esa fue una de sus principales promesas de campaña. Más bien los ha liberado, como lo hizo con Elba Esther Gordillo y exonerado, como a Napoleón Gómez Urrutia. Su combate a la corrupción se ha reducido a la realización de consultas para saber si el pueblo desea mandar a la cárcel a los expresidentes corruptos, gastando cantidades excesivas de los impuestos de manera innecesaria en dicha encuesta, que al final resultó obsoleta.
En materia de seguridad y combate a la violencia, hasta Enrique Peña Nieto obtuvo logros, encarcelando a más de cien objetivos criminales, de los Zetas, Caballeros Templarios, Cartel de Juárez, Cartel de Sinaloa, etcétera, incluidos los cabecillas principales de dichas organizaciones, como el Chapo Guzmán, Nazario Moreno (caído), Servando Gómez “La Tuta”, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Treviño Morales y un centenar más de capos. La mayoría de los objetivos criminales fueron detenidos sin que las fuerzas federales realizaran disparos. Pero el gobierno de AMLO, nada más a la esposa de uno de los cabecillas ha logrado detener.
En tanto, López Obrador se entretiene criticando la supuesta guerra fallida de Felipe Calderón, con quien trae una fijación patológica, sin poder dejar en el pasado lo que ahí pertenece y sin entender que sólo el que se arriesga a los cambios se expone al fracaso. Al menos Felipe Calderón intentó combatir a los criminales, en lugar de apapacharlos y fortalecerlos.
No obstante su “guerra fallida”, el gobierno de Calderón Hinojosa logró mandar a prisión a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”; Alfredo Beltrán Leyva; Jaime González Durán, “EL Hummer”; Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; Vicente Carrillo Leyva; Arturo Beltrán Leyva; Ignacio Coronel Villareal; Edgar Valdez Villareal, “La Barbie” … en total fueron 25 capos detenidos durante ese sexenio.
Resulta obvia la complacencia que el presidente de México conserva con los jefes de las organizaciones delictivas que operan en el país, que mantienen sometida a la población de la mayor parte del territorio nacional, generando terror y muerte y obligando a los contribuyentes a pagar doble tributación e incrementando de manera brutal las cifras de desaparecidos, al grado que la ONU ha declarado impunidad casi absoluta en los casos de desaparecidos en territorio nacional.
“Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”, afirmó una de las integrantes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que recientemente estuvieron en México.
Lo peor es que, como presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ya no podrá hacer nada, ni para “extirpar” la corrupción, ni para intentar combatir la inseguridad y violencia. Su mandato ha llegado a la mitad del sexenio, de aquí en adelante ya va de bajada y tendrá que preocuparse y ocuparse de cuidar su salida, lo que implicaría cero confrontaciones con los grupos de poder, político y delictivo. Todo lo demás que haga, será pura simulación. Tal vez amenace, fustigue y encone a algunos “políticos corruptos del pasado”, pero será con el objetivo de llegar a acuerdos con ellos, jamás para hacer justicia, como lo prometió.
También podrá venir a inaugurar cuarteles para albergar parásitos disfrazados de policías, que sólo se dedican a dilapidar los impuestos realizando turismo en la región, a costa de los aterrados e indefensos ciudadanos contribuyentes. Pero nada sucederá en la aplicación de la ley, ni para restablecer el estado de derecho y devolver las garantías elementales a la población. Todo seguirá igual y tal vez empeorando. Nada más nos endulzará el oído con más ofrecimientos populacheros, como la regularización de los carros “chocolates” y otras ofertas que en nada resuelven los problemas de fondo que están azotando a los pueblos de Michoacán.
Lo anteriormente descrito es del dominio público, pero quien lo ignore, tal vez pueda intuirlo. Por ello el malestar ciudadano y decepción en el partido (morena), desilusión que se profundiza con la integración de un gabinete en el gobierno de Michoacán caracterizado por la exclusión de los mejores perfiles profesionales y los leales militantes, los creadores del partido. Los puestos de primer nivel, como son las secretarías de estado, han sido entregados a ex priistas, ex perredistas, arribistas y oportunistas, cumpliendo compromisos y pagos de factura a los poderosos y fifis de siempre. Esos repudiados en los discursos del presidente, pero los más privilegiados y beneficiados en la praxis.
Ese malestar podría reflejarse pronto en rebeliones al interior del partido (morena), posibles deserciones y hasta la fundación de otro u otros partidos políticos estatales.
Al menos en la región oriente no nos ha ido tan mal, aunque también en algunas designaciones se privilegió a los mismos favorecidos de siempre; por ejemplo, la ex diputada Zenaida Salvador Brígido, quien fue una gris representante popular de este distrito, ha sido premiada como Rectora de la Universidad Tecnológica del Oriente, con sede en Maravatío; en tanto, su pareja sentimental, quien acaba de dimitir como alto funcionario en el Congreso del Estado, ahora funge como director del IMCED, plantel Zitácuaro.
Pero, donde urgían cambios, es la Jurisdicción Sanitaria y en el hospital regional de Zitácuaro, espacios que en los últimos años han sido utilizados para el saqueo, la rapiña y el enriquecimiento cruel y despiadado de sus titulares, que lucraron con la salud y la vida de quienes tuvieron la desdicha de acudir a ellos en busca ayuda. Pero lejos de encontrar calidad y calidez en la atención y servicios, fueron maltratados, ultrajados y robados, siendo canalizados a clínicas particulares, propiedad del entonces director y su familia.
Pero si el paciente no disponía de capital para costear la atención y medicinas en nosocomios particulares, era objeto de maltrato y negligencia médica, lo que orillaba a mayor menoscabo en su salud y en ocasiones la muerte.
Afortunadamente uno de los pocos funcionarios rescatables del gobierno de la 4T en Michoacán, es el Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, quien además de profesional y experimentado especialista en salud, es un funcionario sensible y humanista, que sabrá poner orden. Seguramente los Doctores Salvador Ortega Santana y Alejandro Medina López cumplirán con esa misma línea de trabajo.

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