El pueblo ya decidió afirman autoridades comunales de San Felipe

• No habrá arreglo con la Procuraduría Agraria, aseguran.

Por: Armando Linares López.

Zitácuaro. – Una controversia que parecía ya estaba resuelta, esta semana se volvió a reactivar, luego de que la Procuraduría Agraria citara a las autoridades comunales de San Felipe los Alzati, que fueron reconocidas por usos y costumbres, para llegar a un diálogo con la contra parte, que quedaron destituidos en asamblea por la comunidad.

Como se recordará, en agosto pasado, los habitantes de San Felipe denunciaron que habían existido diversas irregularidades durante el proceso para elegir al comisariado de bienes comunales, así como la intervención de algunos actores políticos ajenos a la comunidad, que fueron detonante para que uno de los candidatos obtuviera el triunfo.

En ese momento, el resto de los aspirantes explicaron que la representante de la Procuraduría Agraria traía línea para apoyar al mencionado candidato, empañando el proceso de manera descarada. Sandra Lizbeth Pedroza Abundes, fue la encargada de vigilar y llevar a cabo la organización de la votación, pero en lugar de hacerlo como en otras ocasiones, los votos se estuvieron guardando en una caja de huevo, además de llegar con horas de retraso y sin lo necesario para que la población emitiera el sufragio.

Esta inconformidad, sumada a las irregularidades que los candidatos aseguraron se dieron durante la votación, provocó que la población decidiera anular el proceso electivo, para elegir a un nuevo representante que surgiera de los usos y costumbres.

Así se hizo y en una asamblea se decidió que fuera Gilberto Hernández Severo quien ocupara el cargo de comisariado de bienes comunales; luego de esto, las fricciones continuaron, cuando el jefe de tenencia de San Felipe se negaba a brindarles el espacio dentro de las instalaciones de la tenencia para que desempeñar el trabajo. Ante esto, las recién electas autoridades buscaron el apoyo de diversos funcionarios, como el presidente municipal, quien les dijo que ese tema se salía de su competencia, por ser una comunidad que los había elegido bajo sus usos y costumbres.

Finalmente, con el apoyo de la comunidad, las autoridades electas decidieron abrir y cambiar las chapas de lo que es la oficina de la comisaría. Con un Notario Público se dio fe de lo que había dentro y se entregaron las llaves para que comenzara a laborar. Hasta ese momento, ninguna de las otras partes hizo acto de presencia.

Fue hasta esta semana, que la Procuraduría Agraria decidió mandarles un documento para que fuera esta dependencia la encargada de apoyarlos en busca de una reconciliación en el conflicto. El pliego, firmado por la licenciada Martha Ortiz Ayala, pretendía realizar una reunión entre ambas partes, pero el acercamiento no se dio; ya que, aunque todos acudieron, las autoridades destituidas se negaron a sentarse en la mesa de diálogo, por lo que sus contrarios decidieron retirarse.

Así lo dieron a conocer en entrevista con EL DESPERTAR, anunciando que ya no hay nada que arreglar, debido a que fue la misma comunidad la que decidió. Basados en sus estatutos indígenas, apuntaron que de haber algún cambio, será por medio de una tercera asamblea, o bien, mediante el Tribunal Agrario, pero de momento exigen que la Procuraduría Agraria saque las manos de los asuntos de la comunidad, ya que han visto una tendencia cargada hacía la otra parte, y esto fue desde el principio, cuando la delegada Sandra Lizbeth Pedroza ni siquiera los escucho y hasta el momento continúa en esa temática.

Expresaron que no hay ningún arreglo con la dependencia que tuvo su oportunidad para intervenir y mediar las cosas. Por el momento han estado trabajando para la población y así será, mientras la gente los apoye, dijeron a EL DESPERTAR.