¿Qué opina que la Procuraduría se haya desistido de la acusación por secuestro y homicidio en contra del presidente de Jungapeo?

Pablo Esquivel Miranda opinó sobre los resultados que ha habido en materia jurídica con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México y subrayó que es catalogado como bueno, sin embargo indicó que “una es la teoría y otra la práctica. Si el derecho, como está enunciado, se practicara de manera directa sería una maravilla”.

“Desafortunadamente hay muchos vicios dentro del personal que lo aplica y como consecuencia se desvía el buen sentido del derecho. Generalmente muchas de las personas que están autorizadas para llevar a cabo las investigaciones  o de las carpetas, carecen de preparación, entonces no tienen la preparación suficiente, no realizan todos y cada uno de los medios de prueba a fondo para poder comprobar los delitos”, subrayó el también abogado.

“Ojalá las autoridades tuvieran más vigilancia de las personas que se encargan de la investigación, especialmente los agentes ministeriales que practican las investigaciones, porque nunca quieren cumplir con su trabajo; no obstante que de manera directa se les solicita, se sacan siempre la espina diciendo que es cuestión del agente del ministerio público y el agente que es cuestión del agente ministerial”, explicó el entrevistado.

“Por ello todo el tiempo entretienen muchos las carpetas de investigación, sobre todo tratándose de delitos de despojo de inmuebles, y algunos otros de tipo patrimonial. Estamos en manos de personas que carecen de falta de preparación y también de los intereses que se rigen por parte del sistema”, agregó Esquivel Miranda.

“En México estamos fuera del estado de derecho, no hay estado de derecho. Esperamos más vigilancia por parte de las autoridades superiores, para que se prepare constantemente al personal y brinde buen servicio a la sociedad, porque nosotros (los abogados), somos más gestores únicamente para la ciudadanía, pero desgraciadamente hacen lo que ellos  quieren. La sociedad nos les interesa mucho, les interesan más sus intereses personales”.

Gregorio López Mendoza opinó que en un país como el nuestro la desigualdad sigue siendo históricamente alta. Vivimos en un país donde impera la desigualdad económica, política y donde los privilegios son para unos pocos, ante la falta de oportunidades para millones.  Además priva también la desigualdad en el acceso a la justica.

Joel Vera Terrazas indicó que la salida del alcalde de Jungapeo, “no es más que un pacto de impunidad. Lo cual es grave que la Fiscalía se desista de acusaciones, independientemente de que la ley concede perdones legales. En este caso no había razón para un desistimiento; sin embargo, por la información que se supo, ese pacto de impunidad llevaba un compromiso económico”.

“Por ello es una violación a los derechos humanos, inclusive el sistema acusatorio está diseñado para hacer cosas buenas en el tejido social, pero la mano del hombre o quienes operan el sistema son quienes se están corrompiendo”, añadió el abogado Vera Terrazas.

Agregó que cuando los abogados asisten a cursos de capacitación, quienes dan esas conferencias o cursos son los mismos que realizan esas acciones de corrupción o “pactos de impunidad”, lo cual es una situación grave.

Vera subrayó que “hay viejas prácticas que están contaminando el sistema acusatorio penal, donde las partes procesadas a través de ese pacto económico buscan los mecanismos para obtener la libertad”.

“En delitos graves no hay ese tipo de determinaciones anticipadas. Aquí la pregunta es: ¿Qué motivó a la Fiscalía para que se desistiera de la acusación? Especulación: ¿Un pacto de impunidad o un pacto económico? Además tenemos datos de ese pacto económico que se realizó”, anotó.

“Hoy al frente de la justicia están los corruptos y son los que han generado esa impunidad y son los que han generado esos pactos” -precisó Vera Terrazas- “ya que el sistema está diseñado para recomponer el tejido social, para avanzar en una procuración de justicia pronta y expedita, sin embargo a veces las ambiciones económicas llevan a truncar todos esos proyectos de justicia”.

En este caso, que es emblemático y de interés público, con mayor razón no había argumentación para que se haya tomado tal determinación. “Pero que quede claro, no quedó exonerado. Quedó en libertad por un pacto de impunidad, el pagarle a las víctimas económicamente”, sostuvo el abogado.

José Luis Salazar Sámano señaló que en las instituciones procuradoras de justicia no hay personal calificado, aunque hay sus claras y honrosas excepciones, para poder integrar una averiguación correspondiente.

Afirmó que se continúan con “los mismos errores de antaño, se sigue deteniendo a personas sin las formalidades que establece la ley y dejando ir a los delincuentes por sobornos. Se sigue torturando para sacar confesiones y lo peor de las cosas, es que hay personas dedicadas a la delincuencia y se encargan de amenazar a los testigos. Es una práctica común que vayan a amenazar a los afectados, por tal motivo se caen los asuntos”.

“No hay protección para los afectados y para los testigos. Por ejemplo, tú eres testigo de que mataron a tus padres, pero llegan y te dicen que si no te desistes te van a matar, entonces ¿qué haces?, pues desistes por proteger tu vida”, apuntó el abogado.

Alejandro Martínez García expresó que “la justicia en México se quiere limpiar o lavarse en salud ahora con el nuevo sistema de justicia penal, implementado por el gobierno federal. Los ministerios públicos tienen un pésimo actuar”.

“Yo creí que ya se había limpiado lo de la cuestión “onerosa” que se les da, pero al parecer he escuchado y he visto personas quejándose en la procuraduría de que se les da dinero a los ministerios públicos y solamente así, entre comillas caminan los asuntos”, argumentó Martínez.

“Eso no es un cambio verdadero, a lo mejor el sistema impuesto por el congreso federal, en cuanto a la norma nueva del nuevo sistema de justicia penal a lo mejor tenga buena intención, pero las intenciones no sirven. Las buenas intenciones se caen con el actuar de los funcionarios mal hechos y que proscriben la ley al mejor postor”, abundó.

“El anterior sistema que teníamos estaba bien, para mí. Ahora lo que se hace se sigue haciendo antes de este sistema. En el caso personal tengo asuntos que van para dos años y tiene uno que estar picándole, la gente hasta llora porque no caminan sus asuntos. ¿Cómo es posible que haya tanta malversación de la justicia en Zitácuaro?”, apuntó Martínez.

“Los ministerios públicos hacen lo que quieren, personal de la procuraduría no saben ni cómo se llaman. La investigación y los declarantes, los testigos presenciales, la tiene que hacer el ministerial que le corresponde el caso, según el ministerio público correspondiente y regrese con la carpeta de investigación que le toque, cuando antes era el ministerio público el que hacía y requería la información fidedigna de los testigos”, expresó.

“Yo veo mal eso, que la policía no está capacitada para hacer esas investigaciones tan delicadas, que después cuando pasan a la judicialización y con el Juez de Control, posteriormente se caen, precisamente por una pésima investigación de la carpeta”, subrayó.

“Entonces, yo estoy en contra de todo eso. Tal vez el nuevo sistema (de justicia) está bien con sus detalles, pero los ministerios públicos y los jueces no se ponen de acuerdo en aplicar y administrar la justicia”, explicó.

“Por esa razón hay muchas inconformidades; porque, por cualquier detalle que no vaya bien integrada la carpeta de investigación correspondiente, por los delitos que vayan, sale libre, el Juez de Control dice no se hizo conforme a derecho y se violan las garantías individuales de mengano y perengano. En consecuencia salen libres personas como el caso del presidente municipal de Jungapeo. Si salió libre (el alcalde), debió de haber una razón de peso para que lo soltaran”, finalizó el litigante.