¿Qué opina del aislamiento obligatorio impuesto por el gobernador?

Por:  Marina Vilchis Herrera.

Licenciado en Derecho José Luis Salazar Sámano: “En atención al aislamiento obligatorio que ha sugerido el presidente de la República, los gobernantes de los estados y los presidentes municipales, es de decirse que es una buena acción con la finalidad de evitar el contagio masivo del Covid-19, dada la viralidad con la que esté contagia; sin embargo, algunos ediles con falta de sentido común y sensibilidad jurídica, piensan que sus facultades son omnímodo para decretar un aislamiento obligatorio, incluso amenazando con detener a los ciudadanos que no cumplan con dicha disposición, con multarlos o bien obligarlos a llevar a cabo trabajos obligatorios en favor de la comunidad”.

“Lo anterior es indebido, considerando que dicha medida de aislamiento obligatoria se puede entender de la forma que ellos lo visualizan, jurídicamente hablando como una restricción a los derechos Humanos y a las garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues implica la prohibición del libre tránsito de los ciudadanos, el derecho de reunión, de petición, porque todas las dependencias de gobierno se encuentran cerradas de acceso a la justicia, porque también el poder judicial ha suspendido sus funciones”

“ Y es que, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grabé peligro, como el caso atinente, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la comisión permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugares determinados el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.  Empero, esto debe ser por un tiempo determinado”.

 “De modo que, los excesos que han cometido algunos gobiernos, de algunos estados y los presidentes municipales de algunos municipios, al pretender coaccionar a sus habitantes para que cumplan “voluntariamente” con dicho aislamiento, es contrario a derecho; porque esto debe de ser voluntario y utilizar las autoridades las medidas pertinentes de sensibilización, para que se cumpla con dicha sugerencia voluntariamente, sin llegar a quererlos privar de su libertad o bien imponerles multas”.

Licenciada en Derecho Verónica Flores García: “Opino que ninguna autoridad puede determinar un confinamiento como tal, porque sería violatorio de los derechos humanos de cada persona que pretenda salir. Esto sólo lo puede determinar el poder legislativo a través de un decreto que lo impusiera a la ciudadanía. Creo que se han hecho muchos esfuerzos porque la gente entienda la urgencia de mantenerse en casa y el hecho de que haya quienes no entendemos, lleva a tomar estas medidas extremas”.

“Sin embargo, si el gobierno entendiera que la gente de nuestro país no está económicamente preparada para vivir un confinamiento, por una pandemia como la que vivimos en estos días, tomarían otras medidas, pero no para obligarnos a no salir, si no para apoyarnos y así poder quedarnos en casa sin salir a buscar lo que necesitamos”.

Licenciado  en Derecho  Joel  Vera  Terrazas :  “En  mi opinión,  es inconstitucional el decretó  hecho por  el gobernador  Silvano, en defecto que impone  arbitrariamente  un aislamiento, porque  va a poner  multas,  hacer  labor  social  o a favor de la comunidad,  eso  transgrede la  Constitución  Política en el  articulo 1°, el 29 y  el 124, así como también trasgrede la Convención Americana  de los Derechos Humanos, ya que nadie puede prohibir el libre tránsito de las personas, que es una facultad del Congreso de la Unión”.

“No estamos encontrar de los protocolos de la salud; sin embargo, se deben cuidar las formas de cómo se realizan dichas medidas, sin trasgredir la Constitución. Creo que en esta ocasión se equivocó el gobernador al tomar un decreto inconstitucional; sin embargo, refleja las carencias del sistema estructural medico que se tiene en Michoacán. Finalmente es inconstitucional, estoy en desacuerdo en las formas, ya que fue arbitrariamente impuesto por el gobernador y que también la sociedad debemos hacernos responsables del rol que nos toca tras esta pandemia y cumplir con las medidas de prevención”.

Licenciado en Derecho Sergio Álvarez: “Creo que hay ver los contextos y las circunstancias, a veces uno como abogado quiere atacar y contradecir lo que dice la ley.   Yo, como abogado, siempre eh apoyado la parte social. Primero, el decreto no es una cuestión de obligatoriedad, es de suspensión, esta basado en lo que ya se estableció por el Consejo de Salud a nivel Federal y muchos abogados han mal gastado el termino de inconstitucional y solamente el senado puede evitar esto. Esto no es del todo cierto, hay que darle una estudiada más. El decreto establece deberes no obligaciones y no habla de prohibiciones si no de suspensiones”.

“No es obligatorio, es un deber y no es una prohibición, es una suspensión de actividades. Creo que el error más claro es que no es muy específico, por que queda muy abierto en cada persona que es lo esencial. En el marco legal es correcto, se esta haciendo una mal interpretación del decreto y que el decreto a su vez tiene 3 detalles de no establecer con precisión las actividades esenciales para las personas”.

Licenciado en Derecho Hiram Benjamín Martínez Jordán: “Escenarios extraordinarios, reclaman medidas extraordinarias. Es comprensible que el gobierno del estado tenga que actuar como lo hace. Lo que es bastante condenable, es que se requiera de actos coercitivos por parte del gobierno, ante la ausencia de conciencia social por parte de los michoacanos, para aplanar la curva de contagio de CoVid-19”.

“Sin referirme a quienes justificadamente están en las calles, pues tienen que generarse recursos para su familia, la verdad es que todos hemos visto la indolencia de muchos ciudadanos, quienes salen a las calles sin importarles la pandemia, poniéndose a sí mismos y al resto de la población en riesgo de contagio y por ende facilitando el colapso del sistema de salud por saturación de pacientes”.

“Es cierto que el aislamiento obligatorio esta fuera de las atribuciones del gobernador y que, seguramente, el recurso de inconstitucionalidad se resolverá a favor de los promoventes; sin embargo, es aquí donde no sólo se debe pensar en aplicar la ley a raja tabla, sino en privilegiar el bien común”.

“Esta coyuntura reclama del esfuerzo de todos, autoridades que realicen acciones para mitigar el contagio, fortalezcan el sistema de salud y generen condiciones para la reactivación de la economía, además de michoacanos con conciencia social para no propagar el contagio, empatía con quienes trabajan en el sector salud y actividades indispensables y solidaridad con el mercado local para que, mediante el consumo, se apoye a la economía de nuestros paisanos”.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela: “Como ciudadano todo el apoyo a las autoridades, municipales, estatales y federales, enfrentamos la peor pandemia de todos los años, no es sólo de salud, sino que también es económica. Los auténticos problemas están en las calles, Hospitales, ahí está sufriendo la sociedad, tiene miedo por las cuestiones de salud y económica”.

 “No queremos más pleitos por parte de las autoridades, queremos estatura de parte de las autoridades, la nación lo amerita. Es importante entender las facultades que tiene cada autoridad, según en marco constitucional. El artículo 29° es muy claro, el único con facultad para poder suspender garantías individuales y derechos, es el Presidente de la República con autorización del Congreso de la Unión. Hay que ser muy cuidadosos de las facultades constitucionales”.

“Claro, estamos viviendo una etapa inédita, todo el apoyo para las autoridades en la cuestión de la salud y para prevenir, la sociedad tiene que cumplir y poner de su parte y se debe tener cuidado por parte de las autoridades en el marco Constitucional y de sus facultades, ya que no tenemos la mejor policía y por fuera pueden cometer muchos atropellos debido a estas decisiones, que ni siquiera están en el goce de las facultades de nuestras autoridades”.