Aborto: La discusión necesaria en Michoacán

En dos ocasiones se ha propuesto modificar el castigo a la práctica del aborto en Michoacán. La más reciente hace cuestión de días, pero ahora un caso en la capital michoacana pone en la mesa la necesaria discusión.

EL PANORAMA ACTUAL

Actualmente el capítulo V, del Código Penal para el Estado de Michoacán, aborda especificamente la práctica del aborto, tanto consentido, como sin consentimiento, además del voluntario y el del causado por médicos  o cualquier otro profesional de la salud.

Se incluyen también excluyentes de responsabilidad del aborto, entre las que está: “cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica”.

Pero para ello “estas causas deberán de encontrarse debidamente justificadas”, una situación que, en el entorno burocrático mexicano, puede prolongarse hasta por meses.

También se mencionan como justificante los riesgos para la salud y malformación grave en su desarrollo.

Las sanciones para un aborto con el consentimiento de la embarazada son de seis meses a dos años de prisión y cuando no hay consentimiento, se establece una pena de de tres a ocho años de prisión.

La otra sanciones a “la mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad”.

Según estadísticas proporcionadas por el titular del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH), Gerardo Olloqui Estrada, el Estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional en embarazos no deseados en niñas y adolescentes.

Pero desde la generación de esos embarazos no deseados, se inicia la controversia al exponer este tema.

EL PRIMER INTENTO

En julio de 2019 se presentó en el Congreso de Michoacán la primer iniciativa, con la que se eliminarían los castigos para las mujeres que voluntariamente provoquen su aborto.

Además, la propuesta planteaba modificar el concepto de aborto que se establece en el artículo 141 del Código Penal, en el cual se define al aborto como, ”la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.

La propuesta era que se considerara aborto penalizado si se realiza después de la semana 12 de embarazo.

Así fue como se presentó la propuesta, en medio incluso de manifestaciones de grupos feministas en la capital del estado, las cuales se sumaban a otras movilizaciones en varios paises de latinoamerica en busqueda de modificaciones legales similares.

Pero las comisiones de Justicia y de Salud del Congreso del Estado, dirigidas por el Partido Acción Nacional, congelaron la iniciativa.

EL SEGUNDO INTENTO

Otro intento por la misma iniciativa se reveló el pasado 10 de junio, cuando en sesión cerrada por la emergencia sanitaria, la bancada de Morena del congreso de Michoacán presentó la iniciativa de ley para la despenalización del aborto.

Con ella se buscaba obligar a la Secretaría de Salud del estado a brindar servicios prioritarios e integrales en materia materno-infantil, salud reproductiva, planificación familiar, e interrupción legal del embarazo.

En la sesión la sola lectura del punto hizo que los legisladores del PAN explotaran, generando una discusión por el tema, pese a que apenas se le daría lectura a la propuesta. La discusión fue álgida.

Finalmente, la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los 40 legisladores y turnada a Comisiones de Salud y de Justicia para su análisis y estudio.

EL CASO QUE PONE DE NUEVO LA DISCUSIÓN

Pero, el miércoles 17 de junio, hasta los medios nacionales expusieron un caso que pone el tema de nuevo a discusión.

Familiares de una adolescente de 13 años de edad que fue abusada sexualmente en Morelia, acusaron que la Secretaría de Salud de Michoacán les negó la asistencia para que a la menor le fuera interrumpido el embarazo resultado de la violación.

La dependencia estatal señaló que ya se revisa el asunto, pero rechazó que se le haya negado el servicio a la menor y a su familia.

La Fiscalía de Michoacán informó que el responsable fue detenido e incluso vinculado a proceso por un Juez de Control. Representados por un grupo de mujeres abogadas, los familiares dijeron que desde hace dos semanas solicitaron el embarazo seguro a la SSM.

Explicaron que la solicitud –basada en la Norma Oficial Mexicana 046- la hicieron cuando la menor tenía 14 semanas de gestación.

Detallaron que dicha petición fue entregada de manera presencial por la madre de la víctima y la víctima en el Hospital de la Mujer.

Afirmaron que en ese centro de salud iban a pasar la solicitud al Consejo, “suponemos que al de Bioética, para que autorizara”.

Expusieron que la persona que recibió el documento se comunicó vía telefónica con la peticionaria, quien no pudo contestar la llamada en ese momento.

“Al otro día, esta persona llamó nuevamente para decirle que por qué no había dejado a la niña para la valoración en lo que daba trámite a la petición, lo que la madre de la víctima le dijo que no podía dejar a su hija porque es menor de edad”, mencionaron.

Además, enfatizaron que la persona del hospital no se identificó, ni dijo su nombre. “Y hasta el momento no hemos recibido contestación oficial ante la petición entregada”.

Al no recibir respuesta, la menor fue trasladada a la Ciudad de México, donde le fue interrumpido el embarazo, en una clínica particular autorizada para ello.

Una de las representantes de la familia y de la víctima expuso que esa burocracia que enfrentaron, la madre y la víctima, no es un procedimiento legal.

El caso revivió la discusión sobre las directrices para la interrupción voluntaria de un embarazo y sus condicionantes.

            El tema se envió a comisiones de  nuevo, pero la pugna por parte de algunos grupos activistas será revivido, sin duda, con base a lo que ellos han expuesto, y por otro lado los opositores, identificados como ‘ pro-vida’, también han sentenciado su rechazo permanente al planteamiento; pero, mientras tanto, casos como el de la menor que se detalló párrafos más arriba, ponen el tema en la boca de los michoacanos.

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